El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales va a marcar un antes y un después en todas las profesiones afectadas por la misma. Arquitectos, médicos, farmacéuticos, ingenieros industriales o abogados, somos algunos de los profesionales cuyo futuro está en manos de un borrador, que irá en detrimento de nuestro ejercicio y de toda la sociedad.
Sólo hace falta cuantificar las reuniones organizadas por asociaciones, colegios o instituciones para conocer la posición del sector, que puede definirse en dos palabras: rechazo unánime.
Este anteproyecto que se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto no ha contado en ningún momento con el apoyo del colectivo afectado. Es más, induce a pensar que anticipa un empobrecimiento de las profesiones y del servicio social que ofrecemos a los ciudadanos.
Centrándonos en el texto, debo resaltar la desaparición de la obligatoriedad en la colegiación por cuanto supone una disminución de la calidad de los servicios profesionales a las personas que lo requieran, pues no dispondrán de seguridad a la hora de contratar a un experto, al ignorar si está o no debidamente titulado y cualificado, si tiene seguro de responsabilidad civil, y ante quién podrá reclamar ante posibles negligencias profesionales.
La colegiación es la única manera de certificar los estudios y formación de los profesionales. No es un dinero mal invertido, sino un seguro para nuestro empleo presente y futuro. Los colegios ejercemos un control sobre nuestros compañeros colegiados. Luchamos contra el intrusismo profesional, velamos por la deontología y ejercemos un control disciplinario, y además, exigimos la contratación de un seguro de responsabilidad civil a todos los colegiados y una formación continua que garantice la actualización de conocimientos y su adaptación a las necesidades sociales y jurídicas actuales.
La colegiación se puede ver a los ojos de los desconocidos como un pretexto para recibir dinero, idea muy equivocada. En realidad debería ser obligatorio para todas las profesiones, pues después de dedicar años de estudio en una materia, es necesario que nuestra formación esté protegida ante terceros.
Y para ello también es necesaria la existencia de colegios, instituciones que se financian exclusivamente con las cuotas de los colegiados y que no tienen ninguna trascendencia en el erario público. Somos instituciones transparentes, todas nuestras cuentas están auditadas, los cargos son totalmente gratuitos y los honorarios profesionales están absolutamente liberalizados.
La reducción del número de colegios, dejando uno por autonomía, se muestra en el anteproyecto como una solución de ahorro económico, sin embargo, la palabra ahorrar significa reducir gastos innecesarios y no el intervencionismo del gobierno. Éste podrá destituir a una Junta de Gobierno nombrada libremente por el colectivo, haciéndose con el control de la institución colegial.
Reducción de plantillas de trabajadores de los colegios y de los despachos profesionales es el beneficio que aportará esta normativa, según los que la han diseñado. Sin embargo, la reducción de trabajadores en instituciones en estas condiciones no es lo más óptimo. La eliminación de puestos de trabajos es algo serio, cada profesional lleva su trabajo y si le eliminamos, toda su carga repercutirá en otro compañero.
En definitiva, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales busca un ahorro económico que va ligado directamente al perjuicio de la sociedad. Nuestro país seguirá contando con grandes profesionales, pero que no serán valorados como tal, pues nadie les respaldará.
