Retiro lo escrito

Golpismo pacifista

La inmensa mayoría de los que comenzaron a aullar en las redes sociales no tenían ni rapajolera idea de qué iba la cosa

19.10.2017 | 05:00

Los que afirman que no hay nada más abominable que una justicia politizada –entienden que la prisión provisional de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los máximos responsables de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural respectivamente, está dictada por el poder político– son los mismos que afirman cosas como esa de que «de error en error hasta el desastre final». Porque, claro, la pregunta inmediata es si, para eludir o corregir ese error judicial, alguien, desde instancias políticas, debería haber presionado a la jueza a fin de que redactara otro auto. Anteayer pude comprobar como una abogada de IU reaccionaba instantáneamente ante la decisión judicial tachándola de ignominia y, por supuesto, con una alusión al dictatorial Estado español. Lo hizo nada más llegar la noticia y sin leerse el auto siquiera. La inmensa mayoría de los que comenzaron a aullar en las redes sociales no tenían ni rapajolera idea de qué iba la cosa, y tanto los independentistas, como los tontos útiles de diversas izquierdas, han sembrado la confusión en las horas siguientes: estaban entrullando a unos pobres activistas por organizar manifestaciones pacíficas. Es absolutamente falso. La jueza Carmela Lamela observa indicios sólidos de un delito de sedición por el comportamiento de Sánchez y Cuixart al frente de ambas organizaciones durante los días 20 y 21 de septiembre, cuando dirigieron manifestaciones y concentraciones masivas para impedir la actuación de la policía judicial.

No pusieron un papel con una chincheta en un tablón de anuncios. Lo hicieron muy profesionalmente, porque los equipos directivos de la ANC y Òmnium están integrados por activistas magníficos y encallecidos. Mensajes de móvil, twitter, facebook. Algunos muy específicos: «Hay que detener a la Guardia Civil». Es decir, había que impedir que la Benemérita entrara en las oficinas de la Consejería de Economía y Hacienda para practicar un registro por orden judicial. De las diligencias practicadas se deduce que se pincharon ruedas de vehículos policiales, fueron averiados varios coches patrulla, se empujó reiteradamente a los agentes, se ocupó la acera y la calle para impedir que los vehículos pudieran moverse y, por último, se sitió a la comisión judicial que había osado entrar en la Consejería de Economía (policías, guardias civiles, la letrada, auxiliares) para impedir su salida. Pasaron ahí horas retenidos contra su voluntad, mientras escuchaban la zarabanda de los gritos, pitidos y aplausos de los manifestantes. A la abogada la pudieron sacar cerca de la medianoche a través de una puerta trasera próxima a la salida de un teatro, camuflada entre el público. Los demás salieron en dos grupos entre las cuatro de la madrugada y las siete de la mañana.

Y ahí estaban los jordi. Al menos un par de veces se subieron pacíficamente al capó de un coche de la Guardia Civil y pacíficamente afirmaron, altavoz en mano, que la movilización continuaría en las calles de Barcelona el tiempo que hiciera falta para defender las instituciones catalanas, si eran necesario, secuestrando pacíficamente a policías y secretarios judiciales. Un golpismo patriótico y pacifista. El referéndum se celebraría sí o sí. El artículo 544 del Código Penal establece que cometen un delito de sedición «quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas y judiciales». Es exactamente lo que hicieron Jordi & Jordi aquellos días épicos de septiembre. Y la jueza estima que concurren circunstancias que aconsejan la prisión preventiva: riesgo constatado de reiteración delictiva – ambas organizaciones realizaron prácticas similares en días posteriores – y destrucción de pruebas.

Todo esto es indiferente a todos aquellos que consideran que cumplir la ley y respetar y hacer respetar el orden constitucional es incordiar groseramente a un independentismo que se muere de ganas de negociar pero que no puede por culpa de los españolazos de una España facistoide. Los que lo creen por pura estupidez buenista. Y los que lo hacen porque están convencidos que una inestabilidad política que llevara a una crisis institucional explosiva supondría un magnífico caldo de cultivo para sus intereses políticos y electorales.

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