El consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso (PSOE), calificó ayer de «electorales y recaudatorias en contra del deporte base las medidas del Gobierno de Rajoy», que pretende regularizar la situación laboral de los monitores deportivos.
Alonso denunció, en conferencia de prensa que ofreció en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de La Cartuja, en Sevilla, que el consejo de ministros ha «impuesto inspecciones laborales a los clubes desde el mes de noviembre», lo que «limita la figura del voluntariado» e «invade las competencias autonómicas».
El dirigente hizo hincapié en que las entidades afectadas «no son profesionales» y que las gratificaciones de estos técnicos consisten en «compensaciones que no exceden el salario mínimo interprofesional».
«Estamos en contra de la norma, que es impuesta y no consensuada. Vamos a ser el altavoz de los clubes de base de nuestra comunidad porque defendemos el deporte de base como medio para tener un futuro con una mayor calidad de vida. Otras comunidades, sean del color político que sean, tampoco estarán de acuerdo», agregó.
El consejero subrayó que «sin los voluntarios es imposible el funcionamiento del deporte base», por lo que esta normativa «influye en un movimiento asociativo hacia el que Andalucía se siente muy agradecida» y alertó de que «los clubes no tienen recursos para mantenerse si se aplica esta regularización».
El exbaloncestista internacional Nacho Rodríguez, que en la actualidad ostenta la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Andalucía, por su parte, negó que la actividad de estos monitores sea «economía sumergida» como dice Miguel Cardenal -presidente del Consejo Superior de Deportes-puesto que «los clubes afectados no son empresas».
El exjugador del Unicaja y FC Barcelona lamentó que «el Gobierno le meta mano a estos clubes modestos» mientras que «los grandes clubes profesionales deben mucho dinero y no se les dice nada», por lo que acusó al Partido Popular de «querer acabar con el deporte base», que «es cada vez más caro» tras haber «subido el IVA del ocho al 21 por ciento».
Además, Rodríguez también se rebeló contra la política de «licencia única», mediante la cual «un deportista, compita o no a nivel nacional, tendrá que pagar una cantidad que irá directamente a las federaciones españolas correspondientes», lo que considera «una medida recaudatoria que determina que no tiene sentido la existencia de determinadas federaciones autonómicas».
