El nuevo decreto de escolarización en los centros públicos y concertados de la Junta de Andalucía pretende "blindar la libertad de los padres para elegir la educación de los hijos". Tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se le dio luz verde, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, y el consejero de Educación, Javier Imbroda, comparecieron para reiterar que en esta nueva normativa "se apuesta por la libertad de los padres para elegir el centro de sus hijos, se eliminan trabas burocráticas, se ayuda a las familias con menos renta y es más transparente".

En relación a las novedades en los criterios de admisión, se aumenta la puntuación de las familias con menos renta de 2 a 4 puntos; además de la renta, se baremará el patrimonio; se amplían los tramos de renta; se aumenta la puntuación por hermano escolarizado en el centro; y se barema por primera vez la matriculación en el primer ciclo de infantil de 0-3 años para favorecer la escolarización temprana.

En cuanto a los criterios de prioridad para el acceso, de ellos se beneficiarán los trabajadores de los centros docentes, víctimas de violencia de género y de terrorismo, deportistas de base, niños en acogimiento familiar, niños con enfermedades graves y niños nacidos prematuros extremos.

Asimismo, otro de los cambios introducidos es que los alumnos de los colegios concertados pasarán al Bachillerato en centros públicos "por adscripción y no por admisión", según aclaró Imbroda. "Los padres ya no esperarán hasta septiembre para saber a qué centro van sus hijos; durante el curso 2020/2021 los centros concertados elegirán a qué centro público se adscriben".

El consejero de Educación insistió en que se "avanza en la libertad de elección" y explicó que "en todas las zonas de escolarización habrá un centro público y uno concertado, siempre que en la localidad existan, ya que el objetivo es que las familias elijan el modelo de educación que entiendan mejor para sus hijos".

Ahora bien, Imbroda aclaró que "no se pretende concertar centros que ya no lo estén, pues con este decreto no tenemos un plan oculto para fomentar la educación concertada; lo que se hace es darle a las familias la posibilidad de optar a un centro concertado, esté dónde esté". Además, Imbroda, recordó que hay "centros concertados que hacen una labor extraordinaria en zonas desfavorecidas, hay un extraño pedigrí para los concertados y no es así; también hay estupendas cooperativas".

Durante su comparecencia, el consejero repitió que "el Decreto de Escolarización 2020 es fruto del consenso con la comunidad educativa, recoge la mayor parte de las propuestas que ha realizado el Consejo Escolar de Andalucía y las mesas sectoriales de toda la comunidad autónoma". "También se simplificará el procedimiento de escolarización, ya que la Administración va a cruzar más bases de datos de lo que se venía haciendo para que las familias apenas tengan que aportar documentos que ya están en el sistema público", subrayó Imbroda.

Hacia "la libertad absoluta"

Hacia "la libertad absoluta"

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aseguró que "se da un gran paso hacia la libertad absoluta para que, más pronto que tarde, los padres puedan elegir en Andalucía el colegio que les dé la gana para sus hijos, ya sea un centro público, concertado o privado".

A su juicio, se trata de un decreto de escolarización "innovador" y que "imprime un nuevo mensaje de cambio en Andalucía". "Este decreto cumple con el espíritu de este Gobierno, que le está dando un impulso a la educación andaluza confiando en la palabra 'libertad', pues que los padres puedan elegir el tipo de educación y el lugar para sus hijos es una prioridad para la Junta de Andalucía", expresó Bendodo.

El también portavoz del Gobierno andaluz le dirigió un mensaje al PSOE a la hora de señalar que la Junta "no le tiene miedo a la libertad en la educación, en la economía o a la hora de defender los intereses de la comunidad". "La oposición socialista es cada vez más rehén de las decisiones de Pedro Sánchez en lugar de defender los intereses de los andaluces", recalcó.

Reacción socialista

A la misma hora en la que iniciaba su reunión el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, compareció para reiterar que el nuevo decreto de escolarización que defienden PP y Cs "creará guetos y marginará aún más a las zonas deprimidas o en riesgo de exclusión".

"Además, pondrá a competir a centros contra centros, a claustros contra claustros, y a familias contra familias, cuando en la educación no cabe la competencia entre centros ni la creación de escuelas de primera, segunda o tercera categoría", agregó el dirigente socialista.

A juicio de Ruiz Espejo, "es una norma absolutamente innecesaria" y "va a suponer el deterioro de la educación pública frente a la educación privada". "Más del 95% de las familias andaluzas, no el 93%, que ha llegado a reconocer el consejero Imbroda, obtienen plaza escolar en el primer centro de su elección; no existe ningún problema que vaya a ser solucionado por esta nueva norma", enfatizó el secretario general del PSOE de Málaga.

En esta línea, Ruiz Espejo aseveró que "el nuevo decreto no favorece en absoluto la libertad de elección de las familias", pese a que el consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), lo defienda. "Es al contrario, con este decreto no serán las familias los que elijan los centros para sus hijas e hijos, sino que serán los centros los que finalmente decidirán a quiénes matriculan en sus aulas, dejando por el camino al alumnado con mayores dificultades, a los que provienen de entornos más deprimidos o con necesidades educativas especiales; la escuela pública será entonces el refugio de esas niñas y niños, generando profundas desigualdades entre el alumnado andaluz", sentenció el también parlamentario andaluz.

Pese al consenso exhibido por Imbroda, también los sindicatos CSIF, CCOO y Ustea -integrantes de la Mesa Sectorial de Educación junto a UGT y ANPE- rechazan el nuevo decreto de escolarización y lo tachan de «ataque a la enseñanza pública» y «al papel del sistema educativo en la cohesión social». Además, han anunciado movilizaciones que «exijan las retiradas de estas medidas». Un rechazo al que se unen los padres a través de la Codapa.