El TSJA ratifica el informe que tasa la Cueva del Tesoro en 4,9 millones de euros

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado una sentencia en la que desestima el contencioso administrativo contra el informe de la comisión de tres académicos que estimaron el valor de la Cueva del Tesoro en 4,9 millones de euros, dentro del proceso de expropiación forzosa que inició en 2009 el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, siendo entonces alcaldesa la socialista Encarnación Anaya.

La Cueva del Tesoro, la única cavidad de origen marino que se puede visitar en Europa, que fue habitada por Homo Sapiens y Neandertales hace 30.000 años y cuenta con pinturas rupestres, pertenece a la familia Laza y constituye uno de los principales atractivos turísticos de Rincón de la Victoria.

Declarada Bien de Interés Cultural en 1985, la familia Laza la tiene alquilada al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria desde 1991, para su explotación turística, por lo que percibe cerca de 30.000 euros al año.

Manuel Laza, uno de los seis herederos de Manuel Laza Palacios, su principal propulsor e investigador, afirma que durante años han ofrecido todo tipo de facilidades para ceder la cavidad al Consistorio para que pudiera mantenerla y explotarla. «Llegamos a ofrecerla de manera gratuita a cambio de constituir una fundación en la que estuviera la familia de manera honorífica para velar por el legado familiar, porque mi padre, Manuel Laza Palacio, estuvo investigando durante 35 años la Cueva del Tesoro, pero no quisieron porque querían tener el control absoluto sobre la cueva».

Tras conocer el dictamen de los académicos que valoraba en 4,9 millones la cavidad, el Consistorio rinconero planteó un contencioso contra los miembros de la comisión que él mismo auspició, alegando que consideran la expropiación de carácter urbanístico para determinar su valor, infringieron la norma de composición de dicho órgano, falta motivación en su informe y cometieron defectos legales en su valoración.

Ahora el TSJA ha tumbado uno por uno todos los argumentos del Consistorio y desestima el contencioso contra el dictamen de los académicos de 30 de junio de 2016, condenando al Ayuntamiento al pago de las costas hasta un máximo de 2.000 euros.

En declaraciones a La Opinión de Málaga, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, manifestó ayer que es «desorbitado» el precio de 4,5 millones de euros y critica que el tribunal no tenga en cuenta el informe de dos peritos judiciales que tasaron la Cueva del Tesoro en 900.000 euros. Por ello, Salado anunció que van a recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo.

El regidor recordó que hace unos días el Consistorio logró prorrogar tres años el contrato de alquiler de la cavidad, mientras se resuelve el contencioso sobre el precio final del BIC. Y añadió que, aparte de ese dinero, el Ayuntamiento se ha comprometido a pagar otros 30.000 euros cada uno de esos tres años, a cuenta de la cantidad final que dictaminen en firme los tribunales sobre el precio de la Cuevas del Tesoro, por lo que en tres años recibirán otros 90.000 euros aparte del alquiler anual.

Manuel Laza sostiene que la familia ha estado siempre abierta al diálogo pero a estas alturas ya no están dispuestos a ceder la cueva de manera gratuita. El portavoz de los seis herederos de Manuel Laza Palacios afirma que la defensa de la Cueva del Tesoro ha supuesto un desgaste no sólo económico, por el pago de los abogados y la labor de los académicos, sino que ha habido un desgaste psicológico y emocional para toda la familia después de tantos años de desencuentros con los diferentes partidos políticos que han gobernado el Consistorio rinconero, desde los independientes, hasta el PP, pasando por el PSOE.

El acuerdo de prorrogar tres años el arrendamiento de la Cueva del Tesoro al Consistorio se mantendrá vigente a petición del alcalde, pero solicitar la ejecución de la sentencia es algo que estudiarán con sus abogados.

Ejecución de la sentencia

En este sentido, el abogado de Manuel Laza, Francisco González Martín, manifestó ayer a este diario que aconsejará a su cliente -y a los otros cinco herederos- solicitar la ejecución provisional de la sentencia, en caso de que el Consistorio recurra el dictamen del TSJA ante el Supremo -como confirmó el alcalde, Francisco Salado- para lo que tiene 30 días.

En caso de que el Consistorio no interponga recurso de casación ante el Alto Tribunal, el abogado manifestó que propondrá a los herederos la ejecución definitiva de la sentencia. «Sin ninguna duda».