El Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga tiene previsto juzgar desde este miércoles 2 de febrero al alcalde de la localidad malagueña de Nerja, José Alberto Armijo, y a otras ocho personas por el caso del vertedero supuestamente ilegal en dicho municipio. La Fiscalía solicita para el regidor dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio.

Según han informado fuentes judiciales, inicialmente, estaría previsto que la vista oral continúe este jueves día 3 y todos los jueves hasta el 31 de marzo, con lo que por el momento serían unas diez sesiones las fijadas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox (Málaga), que investigó el caso, acordó en 2020 la apertura de juicio oral contra Armijo, acusado por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, una concejala y siete empresarios. Además, en esta causa están seis empresas.

En esta procedimiento se ha investigado la existencia desde hacía unos 15 años de un vertedero, ubicado junto al río de la Miel, dentro del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que supuestamente se vertía "de manera incontrolada residuos de la construcción, peligrosos y podas", lo que provocaría importantes riesgos.

La Fiscalía pide para el resto de los acusados la misma pena que para Armijo de dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio, así como el pago de una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, lo que hace 7.200 euros. Además pide que los procesados, junto al Ayuntamiento como responsable subsidiario, abonen en caso de una sentencia condenatoria los gastos de la restauración de la zona.

Según la acusación pública, a principios de 2000, supuestamente, "a iniciativa" de Armijo, "sin la tramitación de expediente administrativo, licencia ni autorización administrativa o medioambiental", el Ayuntamiento concierta de forma verbal la gestión del desarrollo de la actividad de vertido de escombros y deshechos en una antigua cantera con determinadas empresas relacionadas con la construcción, que terminaron asociándose para dicha explotación.

Además, se comunicó la intención de realizar un vertedero a la Junta de Andalucía, que contestó diciendo que hacía falta un estudio de impacto ambiental; pero, supuestamente, "haciendo caso omiso a esa comunicación, la actividad continúa a la vista y paciencia de todos" bajo la gestión de las empresas "autorizadas por el Ayuntamiento", señala el ministerio público, apuntando que era "un hecho público y notorio" la existencia de vertidos en esa zona protegida.

"El propio Ayuntamiento depositaba en el lugar los restos de obras y de podas vegetales", indica el escrito provisional de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, precisando que de 2000 a 2010 se suceden los expedientes sancionadores y denuncias sobre la situación de la zona, realizándose en 2013 una inspección por agentes de Medio Ambiente en la que se detectaron residuos como electrodomésticos, neumáticos, restos de construcción y otros agrícolas.

Tras esta inspección la Consejería de Medio Ambiente emitió un informe en el que se determina que las características del vertedero "ponen de manifiesto que existe un perjuicio al medio ambiente" por varios motivos, entre ellos que "no existe una correcta gestión de los lixiviados, lo que podría ocasionar una contaminación de un acuífero"; ni tampoco control de los gases, lo que podría causar incendios, "sin que existieran medidas de extinción".

En 2016 se realiza otra inspección en la que, además de lo anterior, se apunta que supuestamente "el 90 por ciento de la actividad está dentro del espacio natural protegido", que el suelo "no se encuentra impermeabilizado" frente a fugas de residuos; y que hay envases de residuos peligrosos, algunos aparatos electrónicos sin descontaminar e, incluso, "restos de motos de agua". "El vertido se realiza de manera indiscriminada y sin ningún tipo de criterio", se indicaba.

En otros documentos posteriores se incide en los riesgos para la seguridad de las personas por la inestabilidad del terreno, el posible inicio de un foco de llama "que se propagaría rápidamente" y, además, el incumplimiento de la legislación y las normativas en distintos apartados, según se precisa en el escrito provisional de la Fiscalía malagueña, concluyéndose que existía "un elevado riesgo de alteración del equilibrio de los sistemas naturales".

Para el fiscal, la edil Nieves Atencia, también acusada, "conocía y aceptaba como propias las decisiones del regidor respecto al vertedero, cuyo cierre se anunció en 2016", dice la acusación pública.