El caso Astapa, contra la corrupción urbanística y administrativa en Estepona, lleva años prolongándose lastrado por la falta de medios y de apoyo, pero los últimos informes policiales están arrojando mucha luz sobre lo que ocurrió en el municipio bajo el mandato del socialista Antonio Barrientos, detenido en junio de 2008. Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fechado el 31 de octubre de 2013, revela que el dinero aportado por determinadas empresas a la caja C - según los denunciantes, la que iba a pagar directamente a «bolsillos particulares»- sirvió para sufragar fiestas y servicios de compañía en clubes de alterne, obras, viajes y hasta comisiones a altos cargos políticos, de confianza o funcionarios del Ayuntamiento.

El Consistorio funcionaba con tres cajas, la A, «que se alimenta del dinero ingresado en las arcas del Ayuntamiento a través de la firma de convenios urbanísticos». La B, que se nutre de las sumas «extra convenio» de las mercantiles que firmaban los pactos, así como de las cuantías abonadas por agilizar los trámites municipales e, incluso, «alterar concursos públicos». El Consistorio era el beneficiario final, ya que ese remanente se destinaba a pagar eventos deportivos, culturales, periodísticos y musicales, obras, material y servicios o las nóminas de los empleados. Por último, la caja C engullía sumas sufragadas por terceras mercantiles, «cuyos beneficiarios finales han sido personas vinculadas al Ayuntamiento de Estepona e incluso partidos políticos», siempre según el informe de la Policía Nacional, ya remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Estepona, y al que tuvo acceso en exclusiva La Opinión de Málaga.

Ya los denunciantes del caso pusieron sobre aviso a la policía de que en la caja C «el dinero va a parar directamente a bolsillos particulares, bien directamente a miembros del Consistorio mediante dádivas o pago de gastos, bien indirectamente a personas de su entorno, mediante la simulación de facturas o contratos».

Entre otros aspectos, en la caja C se habrían contabilizado las obras realizadas en el domicilio de un alto funcionario del Ayuntamiento, reforma que habría sufragado una sociedad vinculada a dos abogados que actuaban como intermediarios entre el municipio y empresas promotoras con intereses en Estepona.

A través de la misma sociedad, uno de los letrados, asegura la policía, «pagó fiestas y servicios de compañía en el local de alterne Club Milady Palace a miembros del Ayuntamiento de Estepona», entre ellos un cargo de confianza.

Billetes a Valencia

La UDEF hace referencia a billetes de avión pagados con la tarjeta de crédito del mismo jurista para que el exjefe de gabinete de alcaldía, José Flores, y varios miembros de su familia viajaran a Valencia en septiembre de 2006, o a las sumas «de dinero entregadas en efectivo y los viajes pagados» a un primo de Barrientos y trabajador del gabinete. Uno de esos viajes, por cierto, fue a México.

La policía alude a facturas pagadas al gerente de una empresa municipal por parte de otra sociedad distinta a la anteriormente mencionada, o a estancias y consumos realizados en establecimientos hoteleros como el Kempinsky o el Alba, de Estepona, o el Hotel Gran Meliá Félix, en Madrid. El exalcalde pudo disfrutar de alguna de esas estancias, precisan los agentes.

Otra de las empresas del grupo jurídico sobre el que versa este informe sufragó a un trabajador municipal cantidades «monetarias en concepto de peonadas», siempre según se recoge en la documentación de la UDEF.

Campaña electoral del PSOE

Otras dos sociedades pudieron girar facturas «en concepto de labores de asesoramiento, que todo parece indicar que encubrieron las comisiones» que tuvieron que pagar a un primo de un alto cargo esteponero para que intermediase con el Ayuntamiento, pese a que no era miembro de él. Una vez más, las facturas fueron giradas a mercantiles como el despacho de abogados. También salió de esa caja parte de la campaña electoral del PSOE de Estepona para las elecciones municipales de 2007. Esos actos fueron sufragados por mercantiles, con la mediación de uno de los dos letrados, con intereses en el municipio. Muchos de los pagos fueron sufragados por sociedades pertenecientes a una gran promotora «a cambio de ver favorecidas» sus perspectivas de negocio en la localidad.

Dice la policía que la existencia de la caja B a su vez alimentó la C, puesto que «los diferentes gastos y eventos organizados por el Ayuntamiento sin ningún coste aparente, dado que fueron pagados por terceras mercantiles, conllevaron un beneficio político para el partido que gestionó los mismos, y, por tanto, para las personas que lo integran».

La UDEF acorrala a Francisco Zamorano

Quizás una de las informaciones más relevantes es la relativa al exedil de Hacienda de Estepona Francisco Zamorano. Dice la UDEF que participaba, junto a su mujer, en una empresa llamada Lauzavi, que «giró facturas aparentemente falsas, puesto que todo parece apuntar a que los trabajos indicados no se realizaron, para así encubrir las comisiones que las mercantiles pagaron a Zamorano», inicialmente director Económico del Plan General de Ordenación Urbana y posteriormente concejal de Hacienda, «por su intermediación con el Ayuntamiento». El caso Astapa saltó a la luz en junio de 2008 con las primeras detenciones, entre ellas la de Antonio Barrientos, exalcalde.