La Abogacía del Estado, en nombre del Consejo Superior de Deportes (CSD), y la Fiscalía, han presentado este jueves sendos recursos de reforma contra la decisión del magistrado del juzgado de instrucción número 7 de Alicante, --que investiga el conocido como 'caso Brugal', una adjudicación supuestamente irregular de contratos de basuras en la provincia--, de denegar el traslado de las grabaciones al CSD y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre una supuesta compra de partidos de fútbol por parte del Hércules CF.
A través de un auto fechado el pasado 3 de agosto, el juez denegaba la puesta en conocimiento de las autoridades deportivas "supuestas conductas irregulares con ocasión de la disputa de encuentros en competición oficial por un equipo de deporte profesional".
Contra esta decisión han recurrido ambas instancias al considerar, por parte del fiscal, que el poner en conocimiento de las autoridades deportivas la notificación del auto de archivo y la entrega de copias y testimonios solicitados "no afectaría a ningún derecho fundamental", mientras que la Abogacía del Estado alega que es necesaria la investigación por la administración pública para averiguar si existe o no infracción administrativa grave.
