Sigue el lío y el cruce de declaraciones entre la Junta de Andalucía y el Gobierno con respecto al deporte base malagueño, a poco más de diez días de que comiencen, en teoría, las inspecciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a los clubes.
La intención del Gobierno central es regularizar a todo trabajador de una entidad deportiva sin ánimo de lucro que reciba una remuneración periódica por su labor. Pero, de momento, ni los propios impulsores de este nuevo marco legal saben exactamente a quiénes afectará. Los clubes de fútbol han reaccionado ante esta nueva medida y hoy se reunirán a las 18.00 horas en la sede de la Federación Malagueña para tratar el tema.
Según explicó ayer a este periódico Ángel González, portavoz del PP en el Área de Deportes en el Parlamento y, además, presidente del Antequera CF, se está trabajando para solucionar y esclarecer esto lo más pronto posible, con la creación de una «Guía del Usuario» que informe de manera clara a los clubes y trabajadores (entrenadores, monitores, jugadores...) qué deben hacer con cada caso específico. «Hay que tener claro el modus operandi y establecer cada caso con una guía. Vamos a intentar solucionarlo esta próxima semana. Se ha generado una situación de estrés innecesaria», apuntó González a La Opinión.
A raíz de estas afirmaciones, el portavoz popular deja entrever que esta nueva ley no afectará a trabajadores que reciban una cantidad pequeña para cubrir los propios gastos que le conllevan su profesión. Por ejemplo, el jugador o monitor de un equipo que cobre 100 euros al mes por kilometraje en sus desplazamientos tendrá suficiente con justificar ese cobro y no tendrá que cotizar por ello. «Los que tienen emolumentos más altos tienen que estar dados de alta. El deporte base está pasando por un momento económico difícil y no hay que crearle ninguna afección», argumenta. Se habla del salario mínimo interprofesional. Pero se verá cada caso.
La intención de esta normativa es regularizar y acabar con los profesionales de clubes deportivos que ingresan una cantidad de dinero elevada sin declararlo al fisco. «¿Por qué un periodista que cobra 1.000 euros al mes lo declara y un futbolista de Tercera División no? Pues yo no lo veo justo», señala González.
«Intentamos ver qué marco le damos para que no sea gravoso para los clubes y se ponga algún taquígrafo a las personas que cuentan con unos emolumentos importantes y que llevan la prática de su profesión de manera fraudulenta. Hay que buscar el encaje, no llevar a la alerta y a la alarma. Lo que intenta esta medida es normalizar esta situación, dando seguridad jurídica a aquellas personas que reciben una cuantía económica, de tal forma que sirvan como años cotizados de cara a una posible futura jubilación», aclara González.
Esta medida pilló por sorpresa a muchos clubes deportivos que desconocían esta nueva ley, pero según Ángel González, que arremetió contra la Junta Andalucía: «El Consejo Superior de Deportes ya informó a fecha de 31 de julio a las autonomías de este nuevo y eran éstas las encargadas de transmitirlo a las entidades implicadas. La Junta no ha hecho bien su trabajo. Cuando ha intentado explicarlo se ha generado una situación que no corresponde con la realidad. El CSD informó el 31 de julio y no es entendible que no lo hayan comunicado en cuatro meses», comenta el portavoz del Partido Popular en el Parlamento.
Ante esta incertidumbre, los clubes de la fútbol de la provincia mantendrán hoy una asamblea general en la sede de la Federación Malagueña de Fútbol, a las 18.00 horas, para debatir y plantear medidas y soluciones si esta propuesta sigue adelante. Entre las opciones que barajan los dirigentes de los equipos de la ciudad se ha planteado, como ayer informó La Opinión, la posibilidad de parar las competiciones hasta que el tema se solucione o, incluso, llevar a cabo alguna manifestación en forma de protesta por la idea del Gobierno.
