Regulación laboral

Francia y Alemania hacen descarrilar la regulación europea sobre los 'riders'

Francia ha votado en contra, mientras que Alemania, Grecia y Estonia se han abstenido en la votación sobre la directiva destinada a regular a los trabajadores de plataformas digitales y terminar con los falsos autónomos

Un repartidor en Sevilla, en una imagen de archivo.

Un repartidor en Sevilla, en una imagen de archivo. / EP

Silvia Martinez

Una de las últimas decisiones que tuvo que tomar la presidencia semestral española de la UE a finales de diciembre del año pasado, pese al acuerdo político cerrado unas semanas antes con el Parlamento Europeo, fue traspasar a manos de la presidencia belga de la UE la directiva destinada a regular a los trabajadores de plataformas digitales como Glovo, Uber o Deliveroo y terminar con los falsos autónomos. España se topó con muchas resistencias en el Consejo y una minoría de bloqueo que hizo imposible sacar adelante esta especie de ‘ley rider’ europea. Casi dos meses después los belgas se han dado de bruces con la realidad: persiste una minoría de bloqueo que ha hecho descarrilar la normativa.

Según han confirmado fuentes diplomáticas, durante la reunión de embajadores celebrada este viernes Francia ha votado en contra mientras que Alemania, Grecia y Estonia se han abstenido. Unas abstenciones que han permitido sumar una minoría de bloqueo suficiente como para impedir la aprobación de la primera ley de este tipo, impulsada y que pone muy cuesta arriba su aprobación. “Desgraciadamente no hemos encontrado una mayoría cualificada suficiente. Creemos que esta directiva, que aspira a ser un importante paso adelante para esta fuerza laboral ha recorrido un largo camino. Ahora consideraremos los próximos pasos”, ha dicho la presidencia belga de la UE.

La normativa aspira a mejorar las condiciones laborales de las personas que realizan trabajos en plataformas como Deliveroo o Glovo. Según la Comisión Europea unos 5,5 de los casi 30 millones de trabajadores de plataformas en activo en la Unión Europea están mal clasificados como trabajadores por cuenta propia. Con la normativa, tendrían derechos como el salario mínimo, limitación de la jornada laboral, derecho a subsidios y pensión de jubilación como cualquier otro trabajador. Además, también introduce por primera vez reglas sobre gestión algorítmica y el uso de inteligencia artificial en el lugar de trabajo.

“Es un texto muy importante. Hubo un acuerdo en diciembre que se alcanzó con dificultad para conjugar la posición más progresista del Parlamento Europeo y más conservadora en el Consejo. Sabíamos que iba a ser difícil, pero eso no significa imposible. Tenemos que ver ahora qué es posible”, explican fuentes europeas que reconocen que el hecho de que haya elecciones europeas en junio complica enormemente la posibilidad de sacar el dosier esta legislatura. "Podría ser una opción votarlo después -con el nuevo Parlamento que salga de las urnas en junio- pero las elecciones pueden influir en la composición del Parlamento y no sabes si el próximo apoyará el texto", explican las mismas fuentes.

España, pide más ambición

Aunque España es uno de los países descontentos con el grado de ambición del texto acordado en diciembre este viernes es uno de los que han apoyado la aprobación de la normativa. “El voto de la delegación española responde a un ejercicio de responsabilidad dado que una gran mayoría de Estados miembros, los grupos políticos del Parlamento Europeo y los sindicatos europeos apoyan el acuerdo provisional”, ha explicado en una declaración. Pese a este voto positivo, España ha lamentado que “existen disposiciones en el texto acordado que no responden plenamente a lo que entendemos debería haber sido el contenido de esta Directiva”.

Por ejemplo, “la gestión algorítmica responde al pacto cerrado en diciembre pero el texto establece una presunción de laboralidad, que es el elemento central de la Directiva, débil y poco ambiciosa”, lamentan haciendo hincapié en que, al no existir unos criterios de laboralidad ni un umbral para constatar la apreciación de la existencia de dirección y control del trabajo por la plataforma digital, y al remitir esta apreciación a la legislación nacional, “abre la puerta a una presunción a la carta y desigual en los Estados miembros, que podría no ser útil para clasificar correctamente a los millones de falsos autónomos en la UE”. Es decir, el acuerdo podría no corregir la precariedad existente.