La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga ha rechazado el recurso planteado contra el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona, en el que se aprobó el expediente de adaptación del plan parcial de ordenación urbanística del sector 'Valle Romano' de dicha localidad.

En concreto, la sentencia desestima el recurso presentado por una empresa contra la resolución municipal en la que se rechazó el recurso de reposición contra el acuerdo de pleno de marzo de 2005 por el que se aprobó el expediente de adaptación del plan parcial de ordenación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de dicho sector.

Los recurrentes alegaban que el plan proponía una división del sector en dos unidades de ejecución, lo que calificaban de "arbitrario", ya que suponía pérdida de edificabilidad de una de las zonas, la adscripción a la otra del campo de golf y otras modificaciones que consideraban una "conculcación del principio de equidistribución de beneficios y cargas", según la sentencia.

Por su lado, las partes demandadas, es decir el Ayuntamiento y la empresa promotora, negaban estos extremos, sosteniendo que la adaptación aprobada "ni clasifica ni modifica" lo que establecía el PGOU y consideraba "extemporánea" alguna de las alegaciones de la empresa que presentó la demanda contenciosa, al considerar que era una impugnación "contra un acto firme y consentido".

Tras analizar la causa, la Sala señala en su sentencia que se modifica el plan parcial de ordenación inicial y el propio PGOU "pero sin que se alteren los parámetros urbanísticos fundamentales de este último" y recuerda que el plan impugnado tuvo informe favorable de la Delegación provincial de Obras Públicas, concluyendo que "no era necesario" el dictamen del Consejo Consultivo.

El Tribunal andaluz cree que hubo "un defecto" probatorio en la parte que interpuso la demanda en cuando a si las modificaciones fueron arbitrarias, dando la razón a los demandados, la administración y la empresa promotora del plan parcial en ese sector, sobre el que se firmó un convenio, investigado en el caso 'Astapa', contra la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, causa en la que entre otras personas, como el que exalcalde Antonio Barrientos, fue imputado el que fuera delegado de Valle Romano.