La instrucción del ´Caso Capuchinos´, en el que se investigan supuestos abusos sexuales cometidos por policías nacionales sobre inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), está a falta de que lleguen dos comisiones rogatorias que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, Elena Sancho, ha enviado tanto a Rusia como a Honduras para que dos testigos protegidas declaren en la causa.

Según las fuentes consultadas, "el testimonio de la chica de Honduras es importante para el caso, dado que es la única que puede sustentar la acusación contra uno de los últimos imputados".

"La juez ha hecho todo lo posible para que esta comisión rogatoria salga adelante: ha hablado con el juez hondureño, se han mandado correos, pero sigue sin llegar el resultado de la comisión", apuntaron las fuentes.

Las mismas fuentes apuntaron que, en cualquier caso, "la imputación de la que se trata, referida al letrado supuestamente implicado, está muy cogida con alfileres y es complicado que salga adelante".

Por el momento, la Fiscalía General del estado ha solicitado un informe para analizar cómo se encuentra el procedimiento, que ya lleva en fase de instrucción desde julio de 2006, es decir, casi veinte meses.

Ya no pesa el secreto de sumario para las partes personadas en el asunto y la mayoría de las testigos protegidas que denunciaron los supuestos abusos sexuales han sido expulsadas del país.

Entre los imputados, hay nueve policías nacionales, un abogado y el hermano de uno de los agentes. Cinco de los agentes están imputados por un presunto delito de abusos sexuales cometidos haciendo valer su posición de superioridad, mientras que otros cuatro policías están imputados por haber omitido el deber de perseguir el delito del que presuntamente tuvieron conocimiento.

El propio ex jefe de Seguridad del CIE está implicado en el asunto, mientras que el caso, que tuvo una enorme repercusión mediática cuando estalló, le costó el cargo al hasta ese momento director del centro de Capuchinos.

Incluso Amnistía Internacional entró en liza para impedir que las inmigrantes que participaron en las declaraciones bien como testigos bien como denunciantes fueran expulsadas del país.

Éstas relataron cómo en el CIE se realizaron diversas fiestas en las que se hallaron bebidas alcohólicas y barios preservativos que habrían sido usados para llevar a cabo los actos sexuales. Asimismo, una de ellas, de origen venezolano, llegó a declarar que mantuvo relaciones sexuales con uno de los agentes a cambio de comida blanda como yogures y fruta, ya que ella tenía problemas de estómago. Una vez que lleguen las dos comisiones, la juez dictará auto de procedimiento abreviado y el ministerio fiscal podrá efectuar su acusación.