La juez del ´caso Astapa´ contra una supuesta trama de corrupción municipal en Estepona mantiene la imputación sobre otros cuatro encausados que ayer prestaron declaración, entre los que se encuentra el secretario del Ayuntamiento, José Gustavo Rubio.
La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, imputa a Rubio los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, según informaron fuentes judiciales.
Por su parte, al abogado Ignacio Pérez de Vargas se le imputan los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, mientras que al procurador y empresario Juan Mena Lirios se le imputa un presunto delito de blanqueo.
Mena Lirios fue concejal de Urbanismo en el Consistorio esteponero desde 1991 a 1995, legislatura en la que se aprobó -en 1994- el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en la actualidad, y ocupó el cargo de director de área de Urbanismo durante los gobiernos socialistas de Antonio Caba y Antonio Barrientos en el periodo de 1999 a 2001. También prestó ayer declaración judicial la esposa del ex concejal socialista Francisco Zamorano, Narcisa Vizuete, sobre la que se mantiene la imputación por blanqueo.
Zamorano fue detenido en el marco de la operación ´Astapa´, se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros por este caso y está imputado de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociación y actividades prohibidas a funcionario público. Para ayer estaba citado además un quinto imputado, el empresario Juan Manuel Garmendia, que prestará declaración ante la juez en los próximos días.
Desde el pasado día 17 han comparecido catorce encausados que anteriormente ya declararon en la Comisaría de la Policía Nacional de Estepona y sobre los que, por el momento, la instructora del caso no ha fijado ninguna medida cautelar.
Vistillas. En este sentido, fuentes judiciales informaron de que a lo largo de esta semana se conocerá si la Fiscalía confirma las vistillas de los imputados y qué día se celebrarían. Entre estas personas se encuentra el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), imputado por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y omisión del deber de denunciar, así como el edil andalucista Rafael Montesinos, al que se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.
