El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación para aclarar si se respetaron los derechos del joven inmigrante que había pedido asilo político en España y que falleció el pasado lunes en Málaga tras caerse de los bajos de un camión en el que viajaba intentando cruzar el Estrecho.

El joven, que murió aplastado en Málaga por los ejes de un camión en el estaba escondido desde que salió de Ceuta, era un solicitante de asilo admitido a trámite, al que los responsables de la Delegación de Gobierno en esa ciudad habían impedido trasladarse a la península, a pesar de tener permiso para circular y residir en todo el territorio nacional, según la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Según fuentes del Defensor del Pueblo, la institución está analizando el caso de Abdoulaye Kone, quien había denunciado en los juzgados ceutíes esta presunta vulneración de su derecho a la libre circulación, junto al de otros jóvenes inmigrantes solicitantes de asilo a los que también se ha impedido la libre circulación por España.

Abdoulaye Kone tenía veinte años y había huido de Costa de Marfil, su país de origen, después de que su madre fuera asesinada y tras haber sido secuestrado y 'preparado' para ser niño soldado por un grupo armado.

Kone pidió asilo en Ceuta en octubre de 2009 y desde entonces se encontraba en el CETI de esta ciudad. Al admitirse a trámite su solicitud de protección internacional, se le entregó la documentación que le acreditaba como solicitante de asilo.

CEAR ha presentado en los últimos meses varias denuncias ante la Administración y los juzgados porque a los demandantes de asilo de Ceuta y Melilla se les impide entrar a la península a pesar de que sus solicitudes hayan sido admitidas a trámite y por tanto se encuentran documentados por el Ministerio de Interior.

La Comisión de Ayuda al Refugiado entiende que la autorización de residencia que se otorga a los solicitantes de asilo admitidos a trámite es válida para todo el territorio nacional, tal y como consta en el reverso de su documento de identidad.

Tras la quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo por otros casos similares, esta institución consideró que no era "suficiente" el argumento dado por la Administración "para impedir la libre circulación dentro del nacional de los solicitantes de asilo que han visto admitida dicha solicitud", por lo que abrió varias investigaciones.