La Fiscalía de Málaga ha realizado escrito de acusación contra los responsables del Grupo Mirador, los hermanos Enrique y Leopoldo F.S., por presuntos fraudes a la Seguridad Social, con la que supuestamente acumularon una deuda de más 2,6 millones de euros a través sólo de tres sociedades. También se les acusa por un delito de alzamiento de bienes.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, la actuación de los acusados al frente de las sociedades del grupo, dedicado al negocio inmobiliario, "siempre se ha caracterizado por un nulo o muy escaso cumplimiento de la normativa mercantil", señalando que sólo se ha procedido al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil hasta 2004.
Además, presuntamente, según apunta la acusación pública en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, los acusados omitieron desde dicho año la legalización de los libros de contabilidad, lo que provocó que dicho registro cerrara los asientos respecto de 15 de las sociedades por no presentar las cuentas anuales desde 2005.
El ministerio fiscal sostiene que los acusados "han venido desarrollando una estrategia dirigida a incumplir sistemáticamente sus obligaciones con la Seguridad Social", ya que "pese a que casi todas las sociedades, para desarrollar su objeto social, requieren la prestación de servicios de trabajadores por cuenta ajena, éstos sólo son contratados por cuatro mercantiles".
La Fiscalía explica que los acusados dieron "intencionadamente" de alta a los trabajadores en las empresas "que cuentan con menos capital social y que carecen de patrimonio o éste es difícilmente ejecutable al contar con elevadas cargas y mantener, provocadas, situaciones de indivisión antieconómica"; además de que en un caso presuntamente hicieron figurar a trabajadores como socios en una sociedad.
De todas las sociedades, cuatro tenían, según la calificación, trabajadores que prestaban sus servicios "indistintamente en cualquiera de ellas, muchas veces para aquellas que no tenían consideración de empresas, sin respeto alguno a los contratos de trabajo", llegando, incluso, según apunta, a que los salarios eran abonados por sociedades distintas de las que emitían las nóminas.
De estas cuatro mercantiles, una no llegó a superar en las anualidades impagadas la cantidad de 120.000 euros, pero las otras tres, entre agosto de 2002 y junio de 2008, "han acumulado una deuda total con la Seguridad Social por importe de 2.674.978 euros", según la acusación, que añade que además "utilizaban distintos ardides" para evitar que dicho organismo pudiera cobrar con bienes.
Así, el ministerio público mantiene que "procedían a ocultar la existencia de inmuebles propiedad de las sociedades deudoras, evitando que el título de adquisición de éstos accediese al Registro de la Propiedad" o, presuntamente, realizaban transmisiones sucesivas de los inmuebles a distintas sociedades del grupo "con el objetivo de dificultar la localización de los bienes".
El fiscal acusa a ambos de un delito continuado contra la Seguridad Social, agravado, por el que solicita cuatro años de prisión y multa de cuatro millones de euros para cada uno; y otro de insolvencia punible, por el que pide dos años y medio de prisión y multa de 27.000 euros, también para cada uno. Además, insta a que indemnicen a la Tesorería General con 2,4 millones de euros.
El procedimiento se inició por el atestado de la Sección de Investigación de la Seguridad Social presentado en el Juzgado Decano en noviembre de 2006, dirigido contra Enrique F.; mientras que por el escrito de la Tesorería General de la Seguridad Social se amplió la imputación al hermano de éste.
