El Programa de Ayudas al Alquiler, puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 2005 para sacar al mercado el parque residencial vacío y lograr que el alquiler se convirtiera en una fórmula generalizada y alternativa a la compra de vivienda, ha terminado convirtiéndose en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo andaluz debido a los recortes presupuestarios y a los retrasos en los expedientes. Las agencias de alquiler apuntadas a la iniciativa afirman que la Junta adeuda 44 millones de euros en ayudas a las propias agencias en su papel de intermediarios para la firma de los contratos de alquiler, a los propietarios de los pisos y a los arrendatarios, repartidos en unos 15.000 expedientes. Alrededor de 13,5 millones, cerca de un tercio del total, corresponden a Málaga, repartidos entre 5,5 correspondientes a agencias y otro 8 millones para propietarios.
Las subvenciones adeudadas a las agencias que agrupan mayor número de expedientes pueden alcanzar importes de entre 50.000 y 350.000 euros. En cuanto a los propietarios, que firmaron compromisos para mantener durante cinco años el piso en alquiler, se les deben los 6.000 euros estipulados en su día en el programa. En Málaga hay, al menos, 1.300 arrendatarios afectados.
Las agencias mantuvieron ayer en Sevilla una reunión con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para abordar el estado de tramitación de sus solicitudes, tras presentar en su día una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para protestar por los «atrasos e impagos» por parte de la Junta. La presidenta de la Asociación de Agencias de Fomento del Alquiler y Asimiladas (Asafand), Natalia Paola García Giandinotto, y la delegada en Málaga de este colectivo, Lola Navarro, recordaron que el retraso y la falta de pago ha motivado el cierre de numerosas agencias: de las 209 que arrancaron con el programa en Andalucía ya sólo quedan 70. En Málaga, el panorama tampoco es mucho más halagüeño: se comenzó con unas 45 y únicamente subsisten 16. En todo caso, ambas representantes insistieron en que las ayudas para estas empresas ya cerradas también debe abonarse.
La reunión de ayer sirvió para que la Consejería se comprometiera a pagar «en los próximos meses», aunque los afectados exigen que eso se plasme en un documento de pronto pago. Además, amenazan con interponer recursos contenciosos administrativos.
Un acuerdo desmentido
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, que no pudo acudir personalmente a la reunión –asistieron la directora general de Vivienda, Victoria Fernández, y el director gerente de la Empresa Pública del Suelo (EPSA), Fermín Moral– destacó la apuesta por el alquiler de la Junta, y apuntó que en los últimos planes se preveían 3.000 ayudas a propietarios, inquilinos y agencias. El hecho de que la demanda finalmente se multiplicara por cinco, hasta 15.000 ayudas, motivó que «los recursos inicialmente previstos no eran suficientes para dar respuesta a todas las ayudas concedidas».
La consejera apuntó que han suscrito un primer compromiso con las agencias. «Han salido de la reunión razonablemente satisfechos, pues aunque no se les paga en ese momento ni han salido con el dinero en los bolsillos, se llega a un acuerdo para vernos con regularidad e ir resolviendo los expedientes que faltan, de manera que en próximos meses se pagarán las cantidades adeudadas que faltan», dijo.
Sin embargo, Asafand puntualizó ayer que no hay nada firmado y recordó que sólo a las agencias andaluzas se les deben 19 millones.
