El conflicto en torno a la prostitución callejera en la capital está, en principio, cerca de llegar a su fin. Las trabajadoras del sexo del polígono Guadalhorce podrán trasladarse en breve a una parcela situada en la misma zona pero que cumple la ordenanza municipal, es decir, que se encuentra a más de 200 metros de centros educativos, residencias y comercios o empresas, de forma que éstas no serán sancionadas y los residentes y empresarios tampoco tendrán que soportar las posibles molestias que genera esta actividad.
La parcela se sitúa en la zona de los desguaces y el Ayuntamiento de Málaga está procediendo a la ejecución de algunas mejoras necesarias, como el arreglo de los accesos o instalación de papeleras, confirmaron diversas fuentes. De esta forma el conflicto podría verse resuelto, no sin esfuerzo, de una vez por todas.
Las diferentes administraciones, así como CCOO y el propio colectivo han logrado al fin localizar un terreno que podría contentar a todas las partes. Y es que el arranque de la normativa fue más que polémico ya que comenzó a sancionarse esta actividad pero no existía un lugar alternativo al que las jóvenes, muchas en situación irregular, pudieran trasladarse, lo que generó situaciones complicadas. El colectivo llegó a denunciar «persecuciones» y aseguraba que se sancionaba de forma mayoritaria a prostitutas y no a los clientes.
El colectivo se organiza
Además, estas mujeres que trabajan principalmente en el polígono Guadalhorce, han constituido la primera asociación de la provincia que engloba a trabajadoras del sexo. La Asociación de Mujeres, Transexuales y Travestis, Trabajadoras del Sexo en España (Amttse) se formalizó en el pasado mes de abril y representa prácticamente a todo el colectivo de la capital, explicó ayer Tatiana García, que ha resultado elegida presidenta.
«Ya estamos inscritas y estamos tan sólo a la espera de que nos den el NIF, ya que faltaban unos papeles», comentó la presidenta. Este movimiento del colectivo ha sido consecuencia de la puesta en marcha de la ordenanza municipal que regula esta práctica callejera. Concretamente, prohíbe las prácticas sexuales en espacios públicos, así como el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública siempre que afecten a la convivencia, es decir, que se produzcan a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales y empresariales.
«Por el momento el objetivo era luchar por conseguir un sitio donde no seamos multadas y más adelantes ya podremos solicitar ayudas como asociación para las casetas, para facilitar preservativos o incluso realizar charlas y cursos formativos, ya que hay chicas que saben de belleza, otras de corte, de forma que pongamos medios para que puedan ir saliendo de la calle», señaló Tatiana García.
Otro de los objetivos de la reciente asociación es además estar en contacto con otras entidades ya existentes en España similares y tener asesoramiento acerca de posibles problemas y conflictos a lo que pudiera enfrentarse el colectivo o intercambiar conocimientos e impresiones.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga aprobó también recientemente el Plan Municipal de Intervención Psicosocial y Sanitaria en prostitución 2011-2015 que pretende mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras del sexo. Se trata de una serie de programas de intervención socio-sanitaria, inserción laboral, formación, sensibilización, atención jurídica, asesoramiento, pisos de acogida y un largo etcétera. El plan arranca con una inversión prevista inicial de cerca de 350.000 euros, de los que 150.000 los aportará el Consistorio. Además a este dinero se sumará el que se obtenga de las multas a esta actividad.
