Investigar el robo de bebés recién nacidos entre los años cuarenta y principios de los noventa es una tarea tan titánica como escrutar la memoria colectiva de una provincia que parece haber segmentado su pasado en compartimentos estancos. Y no se trata de una aseveración ilógica: hay 23 instituciones y fondos documentales que recogen información de los hospitales en los que se paría.
Pero, pese a la densa bruma que envuelve este asunto, la Fiscalía malagueña ha abierto ya 79 diligencias de investigación por la supuesta sustracción de niños en hospitales de la provincia, cifra a la que hay que sumar los siete casos que se investigan en los juzgados de instrucción de la provincia.
La persecución de estos delitos es casi imposible, y el criterio jurídico para sustentar las investigaciones es tan dispar que en los juzgados y la fiscalía de una provincia se defienden tesis completamente opuestas a las sostenidas por los responsables judiciales de otras. En Málaga, es el fiscal jefe, Antonio Morales quien está impulsando estos procesos: de hecho, tal y como en su día pidió la Fiscalía General del Estado, se están recurriendo todos los archivos judiciales, que en Málaga sólo han sido cinco. «Recurrimos esas decisiones para que los jueces le tomen declaración a las víctimas, por lo menos, y se les ofrezcan acciones legales. Siendo parte del proceso es más fácil para las víctimas», apunta.
Además, el fiscal jefe ha pedido más refuerzos para la inspectora del Grupo de Homicidios que se encarga de seguir el rastro de los niños robados a sus madres poco después de dar a luz. «Hemos pedido más medios personales, porque una inspectora sola, con casi cien casos, tiene ante sí una investigación muy difícil: sólo en localizar médicos o matronas de la época pierde mucho tiempo. No obstante, hemos pedido también medios materiales, entre ellos coches y ordenadores», añade.
El Archivo Histórico Provincial y el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional –especialmente la inspectora– son los que están impulsando estas complejísimas pesquisas dada la antigüedad de los delitos investigados. De hecho, la institución dependiente de la Consejería de Cultura elaboró hace meses una guía para que fiscales y familias pudieran seguir el rastro de sus familiares supuestamente desaparecidos.
De momento, sólo se ha practicado una exhumación, pero las pesquisas han dejado claras algunas conclusiones ya: «Hay dos etapas, la de las madres que dieron a luz antes de los setenta, casos en los que se les dijo a las mujeres: No se preocupen señoras, nosotros los enterramos. Y luego no se localizó ni el enterramiento; se paría en centros de beneficencia y no había ni certificados de defunción ni de enterramiento; y los casos de las mujeres que dieron a luz después de los setenta, donde sí hay papeles y documentos, y se registró su ingreso. Ahí sí se puede buscar mejor», dice Morales.
Indicios de criminalidad
Lo cierto es que en el primer grupo de casos los indicios de delito son más razonables e importantes que en el segundo. «Hay muchas mujeres que ante la duda han denunciado, pero en los primeros casos ni siquiera hay certificado de defunción y es difícil dar con los fallecidos», apostilla el fiscal jefe.
Se están recorriendo diversos archivos y hasta se analizaron determinadas listas de enterramiento de diversos cementerios de la provincia; algo ha quedado claro: no se trata de una red organizada sino casos aislados.
Sólo en uno de los casos se ha acreditado que una mujer dio su consentimiento, aunque el tiempo transcurrido en muchos de estos procesos hace imposible localizar a los facultativos y matronas que intervinieron. Alguno ha muerto ya, pero hay una línea de investigación abierta.
