Un matrimonio con dos hijos pequeños residente en Andalucía puede tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) entre 500 y 800 euros más que en Cantabria, Madrid y la Comunidad Valenciana, y casi 3.250 euros más que en Castilla y León, región que aplica deducciones máximas por nacimiento y otras relacionadas con los hijos (gastos de guardería) a las familias.

Los datos corresponden a un estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y revelan cómo la descentralización de la capacidad de legislar sobre los impuestos, asociada al modelo de financiación autonómica, está abriendo diferencias tributarias relevantes dentro de España.

Andalucía se muestra así como la quinta comunidad más gravosa para el contribuyente, con un importe a pagar aproximado de 3.517 euros por familia, sólo por detrás de Extremadura, Asturias y Aragón (las tres con máximos fiscales de 3.697 euros) y por Castilla-La Mancha (3.537). En el extremo opuesto, la citada Castilla y León, donde el montante se queda en 249 euros.

El presidente de la REAF, Jesús Sanmartín, explica que el caso tipo usado en el estudio para comparar el tratamiento autonómico del IRPF ha sido el de una familia formada por un matrimonio joven (31 años él, 29 años ella) y dos hijos pequeños (4 años uno, 8 meses el otro), ambos trabajando y con unos ingresos conjuntos de 42.000 euros al año en salarios. La familia tendría gastos de guardería y escolares y estaría pagando la hipoteca de una vivienda libre. Los cálculos incluyen también, claro está, el impacto de la subida impositiva aprobada el pasado enero por el Gobierno central.

La REAF recuerda además que la comunidad andaluza aporta como novedades para este 2012 una deducción de 100 euros para contribuyentes cuyos cónyuges o parejas de hecho, que no sean declarantes, tengan discapacidad superior al 65%, una deducción de los gastos de defensa jurídica en procedimientos judiciales de despido, con un máximo de 200 euros, y una deducción del 5% de las cantidades satisfechas este año por obras de mejora en cualquier vivienda propiedad del contribuyente situada en Andalucía, con límites y condiciones similares a los que se establecen en la norma estatal. Además, hay una deducción por autoempleo de 400 euros para los contribuyentes que causen alta como empresarios o profesionales en 2012, siendo aplicable esta deducción también en 2013 y 2014 si se mantiene el alta.

Patrimonio y vivienda. En el recuperado impuesto de patrimonio, que pagarán con carácter temporal sobre las rentas de 2011 y 2012 los contribuyentes con bases imponibles superiores a los 700.000 euros, también hay diferencias entre regiones, generadas por la iniciativa de tres autonomías (Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares) de no reinstaurar el tributo. Sus contribuyentes, con independencia del tamaño de su patrimonio, tendrán una bonificación que de hecho les exime de tributar. Andalucía, por su parte, ha regulado una tarifa propia, con los mismos tramos que la que se aplicaría por defecto, pero con unos tipos un 10% mayores.

Por último, los economistas del REAF destacan que, al hilo de la crisis y de los problemas de financiación las autonomías han tendido a elevar dos tributos que afectan a la vivienda: el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), que grava las compraventas de casas de segunda mano, y el de actos jurídicos documentados (AJD), que se aplica, entre otras operaciones, a la constitución de hipotecas. En ambos casos, Andalucía está entre las que más cobrarán.

En AJD el tipo andaluz es del 1,2%, igual que el de Asturias y Comunidad Valenciana, y sólo superado por el 1,5% de Extremadura. Y en el caso del ITP, la REAF tira de otro ejemplo: un matrimonio que vende una casa valorada en 180.000 euros a su hijo de 29 años paga por ese impuesto en Andalucía y Asturias 14.400 euros, 9.000 euros más que en Baleares y 7.200 más que en Castilla y León, Galicia o Canarias.