La propuesta del Ministerio de Sanidad de Ana Mato de excluir una lista de 456 medicamentos de la financiación pública para ahorrar 440 millones de euros al Sistema Nacional de Salud ha exasperado a farmacéuticos y consumidores, que critican la medida por «indiscriminada», ya que muchos de estos fármacos, en principio destinados a dolencias leves, también son usados como tratamiento complementario para enfermedades graves. Los medicamentos que se dejarán de financiar se utilizan para tratar 18 dolencias menores e incluyen ejemplos como el aciclovir (para virus en la piel) o la codeína (para la tos).

Las farmacias bullen además estos días de clientes que se acercan a preguntar por las consecuencias del copago, que se pondrá en marcha el domingo y que obligará por primera vez a los pensionistas a sufragar el 10% de sus compras farmacológicas, aunque con topes de entre 8 y 18 euros al mes en función de la cuantía de su pensión. El Colegio de Farmacéuticos cifra hasta en un 30% la afluencia de personas, muchos de ellos mayores, que acuden a sus establecimientos para conocer cómo se verán afectados.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Javier Tudela, criticó la lista de posibles exclusiones anunciada por el Ministerio de Sanidad por no hacer distinción entre pacientes, y criticó que el Ejecutivo no haya consultado previamente ni a los consumidores ni a los profesionales sanitarios y farmacéuticos.

«Estamos de acuerdo en que hay que dejar de financiar lo superfluo y pagar sólo lo básico, pero no se pueden hacer un recorte tan indiscriminado. Las quejas de los clientes van a ser enormes», apunta Tudela, que cita los protectores gástricos, los antiinflamatorios, los analgésicos o los ansiolíticos como medicamentos de uso común que van a quedar excluidos.

«Un gelocatil, un almax o u derivado de la estamina pueden ser usados por un paciente leve o por una persona con patologías más grave. La mayoría de los pacientes que toman medicinas fuertes necesitan un protector de estómago, y las personas con reuma, artritis, artrosis o convalecientes de cualquier operación requiere de antiinflamatorios o calmantes. No te digo y alguien que tiene cáncer. No se puede meter a todos en el mismo saco y aquí se ha hecho, por lo que seguro que habrá correcciones en esa lista», dice el presidente.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF), Manuel Pérez, mostró sus «dudas» de que esta medida «tenga efecto a medio plazo en el control del gasto sanitarios» y advirtió de la posibilidad de que estas medicinas «experimenten una importante subida de precio» al salir del nomenclátor público.

La medida también ha irritado a los usuarios. El presidente de la Unión de Consumidores de Málaga (UCE), Jesús Burgos, califica la decisión de «auténtica vergüenza» y alude también al peligro de que muchos de estos productos suban ahora de precio, al quedar fuera del paraguas de la financiación pública. «Es una contrasentido que se diga que son fármacos de bajo valor terapéutico cuando el mismo Ministerio anima al médico a prescribirlos», añade. Burgos cree además que se abre la veda a la automedicación, ya que muchas personas dejarán de ir al médico y decidirán por su cuenta qué tomar.

Ayer mismo, la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María José Montero, reclamó que «se vigile con mucho detenimiento» que el nuevo «medicamentazo» no incremente el precio de los fármacos. «Un medicamento que hoy vale un euro puede llegar a costar un precio ilimitado. Y una vez más se carga sobre la economía doméstica el efecto del ajuste con las implicaciones que puede tener para el seguimiento de los problemas de salud ciudadanos», dijo. Montero lamentó que el Gobierno planteara ayer el tema en el Consejo interterritorial de Salud sin hablar con médicos y farmacéuticos.

Copago, pero sin adelanto. En cuanto a la inminente puesta en marcha del copago, Montero aseguró que Andalucía tendrá preparado el domingo sus programas informáticos para que los pensionistas «no se verán obligados a anticipar ninguna cantidad». El presidente de los farmacéuticos de Málaga, Javier Tudela, ya apuntó hace unos días que las 2.200 farmacias andaluzas -620 en la provincia- negociaban con la Junta la posibilidad de cobrar automáticamente a los pensionistas el tope que deben abonar para evitar que tengan que adelantar el 10% fijado, algo que a muchas economías domésticas «les puede resultar muy gravoso».

«Las farmacias están tecnológicamente preparadas para afrontar el copago. Si un pensionista se deja 300 euros el mes en medicinas, es mejor que le cobremos directamente los 8 de tope y no que tenga que adelantar 30 al sistema para que en unos meses le devuelvan 22», apuntó.