El PP e IU exigen responsabilidades por la 'lista negra' de afines al PSOE

La filtración de la lista que clasifica a los funcionarios de la delegación provincial de la Junta en función de su cercanía con el PSOE va camino de desatar una nueva tormenta política. Especialmente entre los socialistas, que tuvieron ayer que defenderse de la desconfianza y el rechazo del resto de partidos; el PP insiste en pedir responsabilidades y exige la dimisión de los promotores y autores del documento, mientras que IU, socio de gobierno de Griñán, apuesta por una investigación para esclarecer el asunto.

El presidente de los populares en Málaga, Elías Bendodo, se mostró ayer tajante respecto a la existencia del polémico listado, en el que supuestamente se recomienda la promoción de los trabajadores afiliados y en sintonía con la actual dirección socialista. «El PSOE debe asumir su responsabilidad», señaló. Además, hizo un llamamiento para que el secretario provincial de los socialistas, Miguel Ángel Heredia «solicite a la Junta la dimisión de los que han hecho el documento».

Para los populares, la existencia de la relación evoca «tiempos pasados» y resulta incompatible con el funcionamiento de la democracia. En el PP ya se habla de listas «de patas negras». Bendodo aprovechó para acusar, una vez más, al PSOE de mezclar el partido con las instituciones, en este caso la Junta de Andalucía. «Hoy en día este tipo de actitudes no se pueden tolerar», indicó.

El coordinador provincial de IU, José Antonio Castro,apostó, por su parte, por iniciar una investigación que determine la responsabilidad de la administración en el listado; una tarea que, incidió, resulta esencial para cumplir con el requisito de transparencia. «Si se constata que ha sido utilizado deberán dimitir sus responsables»; precisa.

Castro recordó, no obstante, que, de momento, no existe ningún tipo de referencia que garantice la autoría por parte del personal de la Junta. Un argumento al que apeló ayer la responsable provincial del Gobierno andaluz, Marta Rueda, quien dirigía hasta hace muy poco la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Precisamente, la que aparece con la información más exhaustiva en el texto. «Se trata de un documento interno, sin membretes, sin firmas, sin ningún sello; pudo ser hecho por cualquiera», afirmó.

La delegada quiso, además, desvincular el informe del proceso de reestructuración de las delegaciones de la Junta. «Es lógico y habitual en todas las instituciones que en las nuevas legislaturas se produzcan nombramientos nuevos, ceses, cambios y personal que se mantienen en sus funciones», declaró. Por otro lado, el sindicato CSI-F, que el pasado miércoles interpuso una denuncia en la Inspección General de Servicios de la Junta, se reafirmó ayer en su intención de elevar el caso a la justicia ordinaria. La organización teme que la lista suponga un sistema de «discriminación» de los empleados públicos. En la relación aparecen nombres de trabajadores junto al cuadrante de promoción y afiliación al partido.