31 de enero de 2014
31.01.2014
Tribunales

La Fiscalía se opone a que se aplace el ingreso en prisión de Fernando del Valle

El abogado fue sentenciado a cinco años y medio en el marco del caso Ballena Blanca

31.01.2014 | 05:00

La Fiscalía de Málaga se opuso ayer a que se conceda al letrado Fernando del Valle, condenado por el caso Ballena Blanca sobre el blanqueo de capitales, un aplazamiento para su ingreso en prisión en cumplimiento de la sentencia que lo condenó a cinco años y medio de cárcel, tal y como solicitó el abogado.

La representación procesal de Del Valle presentó un escrito a la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, que juzgó el caso, en el que pedía un aplazamiento del ingreso en prisión, alegando gestiones que debe realizar en relación con otro procedimiento pendiente de juicio.

Ahora, el fiscal remitió a la Sala un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se opone dado el tiempo transcurrido desde que se declaró la firmeza de la sentencia, el 20 de noviembre, «sin que las razones alegadas permitan evitar el ingreso en prisión del condenado», se añade.

El pasado mes de diciembre, la Sección Segunda de Málaga requirió por exhorto al letrado para que ingresara en prisión en cumplimiento de dicha sentencia, para lo que se remitió a un juzgado un requerimiento para ello.

Esta Sala ya había acordado previamente, en noviembre pasado, declarar la firmeza de la sentencia, con las modificaciones incluidas por el Tribunal Supremo que resolvió los recursos de casación y condenó finalmente a Del Valle por un delito de blanqueo y otro contra la Hacienda Pública a cinco años y medio de prisión y multa de 1,2 millones de euros.

Asimismo, acordó iniciar la ejecución de la sentencia condenatoria, instando a los cinco condenados, entre ellos Del Valle, a que pagaran las responsabilidades económicas correspondientes y levantando las medidas cautelares que quedaran sobre los procesados que fueron absueltos.

Posteriormente, rechazó la petición del abogado de suspender la pena mientras se tramita el indulto solicitado, al considerar que la duración de las penas impuestas «no hacen temer que una eventual reducción de las mismas provoque mayor estancia en prisión del que hubiese sido necesario». Además, el Tribunal no veía razón que pudiese justificar el acceso al indulto solicitado.

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