Cuando julio está en sus metros finales, cuando el aliento de las vacaciones resuena ya aletargándolo todo, al alcalde, Francisco de la Torre, le ha estallado en las manos la investigación judicial sobre la reclasificación por parte de la Gerencia de Urbanismo de más de 350.000 metros cuadrados en la sierra de Churriana, una investigación que tiene un detenido en prisión, el promotor L. A. F. B.
Una operación con varios actores más, entre ellos un sobrino del alcalde, Daniel Portero; un antiguo gerente de Urbanismo, Andrés Gutiérrez; un exconcejal de Churriana, José Hazañas, además de dos técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que fueron detenidos.
La investigación, tal como adelantó La Opinión de Málaga, la viene realizando desde hace más de un año el grupo del Seprona de la Guardia Civil, que sospecha que la reclasificación por la Gerencia de Urbanismo de más de 350.ooo metros cuadrados del paraje denominado El Albaricocal, de no urbanizable a urbanizable no consolidado, pudo deberse a intereses particulares.
Lo conocido hasta ahora siembra las dudas sobre la dirección de la Gerencia de Urbanismo y otros responsables del Ayuntamiento, según los datos incluidos en la investigación de la Guardia Civil, unas dudas que el alcalde ha rechazado asegurando que el convenio urbanístico es «ejemplar».
La información dada hasta la fecha por el Ayuntamiento no convence a los grupos de la oposición, PSOE e IU, que han pedido que comparezca en el pleno municipal de este jueves. De la Torre anunció ayer que dará todas las explicaciones necesarias sobre este convenio urbanístico en el pleno y añadió, además, que toda la documentación de Urbanismo sobre este tema «está a disposición de los grupos de la oposición».
De la Torre volvió ayer a explicar que, ante la alegación de los propietarios de este suelo, calificado como no urbanizable, para que se pudiera construir en su totalidad, el Ayuntamiento se opuso, permitiendo sólo la ocupación de un cinco por ciento para uso hotelero, a cambio de que el 95 por ciento restante pasara a propiedad municipal. Todo ello pese a que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum), impulsado por la Junta, «levantaba la protección y la ponía sólo desde el limite de la hiperronda hacia fuera», advirtió.
En consecuencia, De la Torre insistió en que «no hay un sector que tenga más ventajas para el Ayuntamiento en cuanto a conseguir el suelo». «Ha funcionado perfectamente, pero lo explicaremos en el pleno», concluyó.
Frente a ello el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, acusó ayer al alcalde de «faltar a la verdad» y de «firmar convenios especulativos con presuntos delincuentes».
Zorrilla aseguró que De la Torre «ha faltado a la legalidad del convenio de El Albaricocal», ya que «la Junta se opuso a las modificaciones introducidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tanto que esos suelos estaban calificados en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) como zona verde de especial protección».
La vía del convenio urbanístico Esto, añadió Zorrilla, «obligó al equipo de gobierno del PP a utilizar la vía del convenio urbanístico, uno para las viviendas y otro para el hotel, colando así las modificaciones que habían previsto inicialmente en el PGOU y saltándose la prohibición de la Junta».
Asimismo, cuestionó la legalidad del plan de El Albaricocal, señalando que está siendo investigado por la Guardia Civil, ya que, «entre otras irregularidades, el convenio urbanístico sólo se debe firmar de manera excepcional y tiene que existir un equilibrio entre los beneficios que obtiene el promotor privado y los que obtiene el Ayuntamiento».
El concejal se preguntó «por qué el alcalde firma convenios con presuntos delincuentes que podrían estar implicados en delitos tan graves como el tráfico de armas o el blanqueo de capitales», incidiendo en que con el mencionado plan urbanístico «la ciudad no gana nada ni obtiene ningún beneficio». Por ello, Zorrilla exigió transparencia al alcalde y le pidió que «no se escude en la investigación judicial para justificar la total opacidad del equipo de gobierno respecto a este asunto».
«IU irá hasta el final en la exigencia de responsabilidades políticas, además de las penales o administrativas en las que podrían haber incurrido responsables de la Gerencia Urbanismo en la gestión que llevó a la reclasificación de los suelos de la sierra de Churriana».
