19 de septiembre de 2014
19.09.2014
Protagonistas

Desde la "alegría contenida" hasta la "incongruencia" para los ecologistas

Los testimonios de los beneficiarios directos de la medida anunciada por Susana Díaz en el Parlamento de Andalucía contrastan con los de las agrupaciones ecologistas de la Costa del Sol

19.09.2014 | 05:00
Para multitud de residentes foráneos de la Axarquía, agrupados bajo las siglas de SOHA, ayer no fue un día cualquiera. A las puertas del Hotel La Viñuela o en otros establecimientos que suelen frecuentar en Alcaucín o el propio municipio de La Viñuela, no llegaron a brindar, «pero casi». La directiva de SOHA no dejó ayer de atender a medios de comunicación desplazados hasta desde sus países de origen: «Llevamos diez años luchando por lograr una solución a nuestro problema. Ojalá sea ya el principio del fin», dijo Mario Blancke.

­Muchas fueron las voces que sonaron ayer en la comarca de la Axarquía, nada más conocerse el anuncio de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de reformar el artículo 185 de la LOUA, para «facilitar» la regularización de viviendas ilegales construidas en suelo rústico: sólo en el litoral malagueño más oriental existen 15.000 en esta situación –aunque los afectados incluso duplican esa cifra–.

La agrupación GENA-Ecologistas en Acción, que abandera desde hace décadas la defensa de los intereses medioambientales de la Axarquía, apuntó a través de un comunicado público que resultaba, «cuanto menos incongruente» que se justificase dicha decisión porque las viviendas ilegales construidas en parcelas subparceladas se encontraban «en un limbo de inseguridad jurídica».

Precisamente esa nomenclatura había sido empleada reiteradamente por los propietarios de dichos inmuebles, que en todo momento han subrayado que la Junta debiese perseguir a intermediarios o responsables públicos de la concesión de las licencias, en vez de volcar parte de la responsabilidad en ellos. No obstante, los ecologistas axárquicos matizaban su aseveración: « Debe recordarse que tal limbo lo ha creado la propia Junta de Andalucía al no ser clara y tajante a la hora de definir lo que es legal y lo que no lo es. El limbo jurídico aparece por las promesas electoralistas que han recibido los delincuentes urbanísticos, que nos consta han mantenido varias reuniones con la Junta, y dado que ésta no puede hacer más que aplicar la ley, al no poder satisfacer sus demandas, se ha visto abocada a cambiarla».



Así, como en anteriores ocasiones ya ha manifestado Rafael Yus, como máximos responsable de GENA-Ecologistas en Acción, tachó además de «delincuentes ilegales» a las personas que en los últimos días volvieron a manifestarse «pidiendo una moratoria ante las órdenes de demolición». Y agregó: «Esta situación parte de que la Junta no ha sido clara en este aspecto y ha creado la esperanza de que tarde o temprano este tema se arreglará en beneficio de estos delincuentes», subrayó el portavoz ecologista.

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