­La historia de los últimos nueve años de la vida de Juan Antonio Roca Nicolás, el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, es la de un hombre que trata de salir de la cárcel lo antes posible, después de su detención en aquel histórico 29 de marzo de 2006, cuando estalló la operación Malaya y la Perla del Mediterráneo amaneció tomada por la policía.

Ahora, cuando quedan días para que el Supremo dicte la sentencia definitiva de ese caso, el que fuera mano derecha del exalcalde, Jesús Gil, hoy fallecido, cree estar a punto de disfrutar de su primer permiso carcelario y ha sido trasladado desde la prisión sevillana de Morón de la Frontera a Algeciras, sobre todo porque el penal gaditano está a escasa distancia de Marbella, donde vive su mujer, María Rosa Jimeno. «Quiere estar cerca de su familia», han asegurado fuentes judiciales a este periódico. Además, según otras fuentes distintas de las anteriores, Roca lo ha pasado mal en la cárcel de Morón de la Frontera porque el régimen es mucho más duro que en otros penales por los que ha pasado el Jefe en su largo periplo penitenciario: Alhaurín de la Torre, Soto del Real, Albolote y ahora Algeciras. «Allí se lo miran absolutamente todo», precisa esta fuente judicial.

Lo cierto es que Roca ha solicitado un permiso de seis días al juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el competente ahora para decidir sobre su futuro personal, fundamentando sus abogados la solicitud en su buen comportamiento, en que ha satisfecho, o tiene intención de hacerlo, las responsabilidades civiles que se le han exigido como resultado de diferentes condenas. Ahora está por ver qué dice el juzgado. Según fuentes de su entorno, él está esperanzado y cree que, después de nueve años en prisión, ahora podría ir la vencida, pese a que nunca puede estar seguro de eso. Estos días muchos juristas han recordado en petit comité la diferencia de trato entre Luis Bárcenas, el extesorero del PP que no ha consumido dos años de prisión preventiva, y Roca, que se comió cuatro «a pedales», como le gustaba decir a su exabogado, José Aníbal Álvarez. En Malaya se le impusieron once años de prisión, y en breve sabrá, por no decir en dos semanas, si el Supremo declara firme esa sentencia. Ya ha pagado ocho millones de la responsabilidad de Saqueo 1 y cumplido seis años y diez meses; tiene cuatro por Minutas y se le sentención también por Saqueo 2. Ante sí tiene en torno a cuarenta procesos, con importantes peticiones de pena en algunos de ellos. Pese a todo ello, no podrá cumplir más cárcel que el triple de tiempo de la pena mayor impuesta si se le condena en más de tres ocasiones por ese delito.

En sus sueños está la posibilidad de poder pedir la acumulación de procesos, refundir la condena y poder saber cuánto le queda entre rejas, un tiempo que, por mucho que sume, ya no puede ser demasiado después de nueve años. En sus traslados por las cárceles andaluzas ha protagonizado escándalos como el del ordenador que tenía en Alhaurín de la Torre, sin conexión a internet, por cierto, pero necesario para poder manejar en enorme sumario de Malaya y decidir sobre la venta de su patrimonio, valorado en 100 millones de euros.

Ahora, cuando la sentencia de Malaya sea firme, no habrá que consultarle tanto, porque gran parte de ese patrimonio ya no será oficialmente suyo, sino del Estado. De cualquier forma, en los próximos días sabrá si su actual situación, muy precaria, se agrava, o, por el contrario, se suaviza. En ello le va la libertad.