26 de febrero de 2015
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Actualizado: 04-04-20 11:40h
Nuevos criterios

Las ONG temen una caída en el reparto de alimentos por las nuevas exigencias

Advierten de que las entidades más pequeñas no tienen capacidad para asumir la inserción de los beneficiados

26.02.2015 | 05:00
Protesta de vecinos de La Palma-Palmilla ante los servicios sociales del barrio.

Hay temor y desconfianza entre las ONG malagueñas dedicadas al reparto de comida. Los nuevos criterios del Ministerio de Agricultura, que endurece las condiciones de acceso y distribución de comida entre familias necesitadas, no terminan de convencer. Aunque se aprecia el intento por controlar la picaresca y ofrecer un servicio integral al beneficiario del reparto de comida. Sin embargo, no comparten cómo se ha organizado, ya que perjudica a las asociaciones más pequeñas y con menos recursos, lo que hace peligrar la continuidad de este trabajos en muchos barrios de la ciudad.

Los nuevos criterios del Ministerio exigen un certificado de exclusión social para que las familias puedan acceder a los alimentos y que las entidades asuman actuaciones para informar de los recursos sociales para favorecer la integración social, lo que requiere de una preparación técnica o la presencia de un trabajador social.

El presidente de OSAH, Antonio Paneque, afirmó que «es una barbaridad que se exija que haya un técnico en muchas asociaciones que son pequeñas y no tiene capacidad para eso, lo que puede llevar a que dejen de repartir». Considera que aunque las intenciones son buenas «ha sido redactada en un despacho y no ha contado con la participación de los colectivos sociales». «Esta exigencia no beneficia a los colectivos, sino que les perjudica», insiste Paneque, que se pregunta para qué sirven los centros sociales si ellos asumen su trabajo.

Manuel Rosas, de la asociación Málaga Estoy Aquí, reconoce que «está muy bien el control para que no haya gente que pida en varios sitios, pero la administración no debería quitarse la responsabilidad y que sean las asociaciones quienes les hagan el trabajo». «Hay gente que se aprovecha del hambre que está pasando mucha gente, pero estas medidas sólo ayudan a las asociaciones más grandes», subraya Rosas.

La presidenta de la Asociación Padre Huelin, Paloma Rivero, teme un colapso de los servicios sociales para tramitar los certificados de exclusión social y subraya que lo único que se consigue con las nuevas medidas es «complicar que llegue la ayuda». Sobre las medidas para favorecer la inserción social, reconoce que «en la mayoría de las asociaciones sólo trabajan voluntarios» y no tienen capacidad para asumir esta responsabilidad.

Curro López, presidente de la asociación de vecinos de Lagunillas, se mostró muy crítico con los criterios del Ministerio de Agricultura para el reparto de comida, al que acusa de buscar la desaparición de asociaciones de ayuda «para que se reduzca la cantidad de comida repartida y maquillar las estadísticas». Además, consideró «humillante» para muchas familias tener que solicitar el certificado de exclusión social «cuando con la documentación que tienen que presentar ahora está más que justificado que la necesitan».

En este contexto, unos 200 vecinos de La Palma-Palmilla protestaron ayer ante los Servicios sociales del barrio contra las nuevas exigencias bajo el lema Más papeo y menos papeleo, criticando la exigencia de clasificar a las familias por su raza. Además criticaron que se necesite un certificado de exclusión social, que podría derivar en expedientes de desamparo de menores, motivo por el cual las familias son reacias a solicitarlo.

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