La juez Mercedes Alaya dejó ayer en libertad con cargos al exdelegado de Empleo de Málaga Juan Carlos Lomeña y a otros cuatro exdelegados provinciales del ramo que fueron detenidos junto a otras 11 personas por la Guardia Civil en el marco de la operación Barrado por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta.
De igual modo, dejó libre al exdirector gerente entre los años 2003 y 2014 del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (CIO Mijas), José Gutiérrez, quien se acogió a su derecho constitucional a no declarar ante la juez y la Fiscalía Anticorrupción le ha pedido una fianza de responsabilidad civil de más de seis millones de euros, tras lo que también quedó en libertad con cargos. Esta petición de fianza es la misma que la realizada en el caso de la presidenta actual de la UTE gestora del CIO Mijas, María de la O Ustarán, que también se acogió a su derecho a no declarar.
La juez, que en este caso investiga delitos de malversación, prevaricación y fraude de subvenciones, considera que José Gutiérrez no habría destinado el dinero de las subvenciones al destino previsto.
Los exdelegados provinciales de Empleo que han quedado en libertad, además de Lomeña, que fue el último en comparecer, son los de Sevilla, Antonio Rivas; Cádiz, Juan Bouza; el de Córdoba, Antonio Fernández; y el de Huelva, Eduardo Muñoz -cesado del cargo el mismo día de su detención.
Todos ellos se negaron también a declarar y el Ministerio Público no ha solicitado fianza civil para ninguno de ellos, en el caso de Rivas porque, en estos momentos, no cuenta con los elementos suficientes para poder cuantificar su supuesta responsabilidad, aunque se ha reservado la posibilidad de pedirla en el momento procesal oportuno.
Rivas, acompañado por su abogado, Jon Ander Sánchez, abandonó los juzgados del Prado de San Sebastián sobre las 21.25 horas entre los aplausos y gritos de ánimo de una decena de familiares y amigos. Las fuentes indicaron que la juez lo ha citado nuevamente a declarar el próximo 7 de abril por la ayuda a Cydeplast, dentro de la investigación por el caso de los ERE.
En los autos de imputación de todos los exdelegados provinciales de Empleo, Alaya pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales «para que no se controlara el dinero» destinado a la formación, «creando de esta forma una red de clientelismo político».
La juez ha dejado ya en libertad con cargos a los primeros 14 detenidos que han comparecido en sede judicial, pues a mediodía dejó libres a la hasta ayer delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano; la exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez; la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, y a la citada María de la O Ustarán, del C IO Mijas.
Hay que recordar, asimismo, que la instructora dejó en libertad con cargos en la madrugada del miércoles a las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara -para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros- y María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y a la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.
En la jornada de hoy jueves, la juez tiene previsto tomar declaración a los dos últimos detenidos en la operación Barrado, como son el exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y el exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes.
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la «gravedad» de los hechos y tras detectar distintas «bolsas de fraude» que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe). Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las «distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma».
Amenaza a sus subordinados. El abogado Ángel Bordás denunció ayer en la Fiscalía de Sevilla las presuntas amenazas a sus subordinados de la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, también detenida por el caso de los cursos de formación, si no hacían campaña para que el PSOE ganara las autonómicas de 2012 -escuche la grabación en esta misma información-.
En la denuncia, el abogado se refiere a un audio que le llegó de forma anónima de una mujer que podría ser Sabalete, que quedó en libertad con cargos en la madrugada de ayer tras comparecer ante la juez Mercedes Alaya. En la grabación aportada en la denuncia, una mujer se dirige a un grupo de subordinados afirmando: «Os jugáis seguir trabajando aquí o que cada uno se busque la vida» si el PSOE no gana las elecciones de 2012. El denunciante, que se presenta a la alcaldía de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) por el Partido por la Libertad con las Manos Limpias, afirma que lo ocurrido también podría constituir un delito de tráfico de influencias. Así, el PSOE informó ayer de que Sabalete renunció a seguir formando parte de la candidatura socialista al Parlamento Andaluz, a ir en la lista socialista de Torredelcampo a las próximas elecciones municipales y solicitó su baja de la formación.
