Los funcionarios de Justicia de Málaga se enfrentan el jueves a unas elecciones sindicales en las que, a las carencias históricas que arrastra el sector, se añaden las surgidas en los últimos años, caracterizados por los recortes, la antigüedad de los edificios y la escasez de medios materiales. Compiten cinco candidaturas: la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Málaga, SPJ-USO, UGT, STAJ y CCOO.
CSIF, una las organizaciones que optan al voto de los 1.900 funcionarios que trabajan en la provincia, va más allá y define la situación de «maltrato» de la Administración de Justicia sobre sus funcionarios durante los últimos años: «El colectivo de empleados públicos de justicia ha sido ignorado por las distintas administraciones y se ha enfrentado a recortes de personal abusivos, falta de dotación en las plantillas y distintas supresiones salariales que indudablemente afectan a la prestación del servicio a la ciudadanía».
Frente a ese maltrato, la organización sindical recuerda que los funcionarios han denunciado y conseguido paralizar la privatización del Registro Civil tras numerosas movilizaciones, han exigido la eliminación de la ley de tasas y han defendido el mantenimiento de los partidos judiciales, así como de los Juzgados de Paz, «que favorecen el acceso a la Justicia de la ciudadanía».
El CSIF, añade el sindicato, también ha solicitado ofertas de empleo acordes con las necesidades reales del sector «y una oficina que sirva de soporte y apoyo a la actividad de jueces y tribunales, y la mejora tecnológica de la Justicia con aplicaciones informáticas interconectadas en todo el Estado y la aplicación de las nuevas tecnologías para las comunicaciones internas y externas».
Por ello, subrayan la necesidad de reconocer y valorar profesionalmente la labor que desempeñan estos funcionarios, «algo clave para que la Administración mejore en su funcionamiento» como advierte la responsable del sector de Justicia de CSIF en Málaga, María Angustias González. Entre otras cuestiones, González reclama una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en la que se mejoren las condiciones laborales y salariales de este colectivo, así como la implantación de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal y el desarrollo de la carrera profesional. «Todas estas medidas son la base sobre la que modernizar la Administración, tan necesitada de más y mejores recursos humanos y técnicos», señaló la responsable de esta organización antes de apostar, para la mejora de las condiciones laborales de las plantillas, «por un estatuto profesional jurídico y normativo común para que la Administración de Justicia sólo sea cubierta por personal de los cuerpos nacionales de funcionarios que son los que tienen la formación y la preparación específica para el desarrollo de la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales». De igual forma, González incide en la necesidad del «reconocimiento profesional» de estos trabajadores. «Prestan un servicio público esencial para la sociedad, pero están necesitados de medios legales, personales y materiales suficientes para dar el mejor servicio posible y la respuesta más rápida al usuario», remarcó.
El CSIF también considera prioritario que, tras los recortes de inversión que ha sufrido la Justicia en los últimos años, se establezca un calendario para recuperar los derechos eliminados al colectivo. Por ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios exige «la recuperación del poder adquisitivo, el reintegro de las pagas extras suprimidas y el establecimiento de la cláusula de revisión salarial con carácter permanente». «Hemos retrocedido tres décadas en derechos debido a los recortes y uno de los objetivos de nuestra lucha actual es conseguir recuperar todo lo que hemos perdido», insiste la responsable sindical, quien también aboga por reestablecer la jornada laboral establecida con anterioridad a 2011, el impulso de la carrera profesional y la promoción interna, recuperar los días adicionales de vacaciones y asuntos propios y la regulación del servicio de guardias y libranzas que permita la conciliación de la vida laboral y familiar. En este sentido, el CSIF ya está promoviendo un acuerdo específico de Prevención de Riesgos Laborales y salud laboral, así como un catálogo de enfermedades profesionales.
Del mismo modo, esta organización defiende el mantenimiento de la mutualidad judicial MUGEJU, con una reforma negociada que contemple la ampliación de la duración de los conciertos y el aumento de los recursos dedicados a la asistencia sanitaria, así como la gratuidad de medicamentos para los jubilados, el aumento de las aportaciones del presupuesto público para garantizar una asistencia médica de calidad y la creación de un fondo de hasta el 1% de la masa salarial para acción social específica del funcionariado.
«Todo ello está enmarcado en un programa de mejoras para el personal de la Justicia en el que CSIF está trabajando y que está planteando a unas administraciones que deben garantizar el buen funcionamiento de un servicio público fundamental para los ciudadanos, así como unas condiciones de trabajo dignas y acordes con las necesidades del personal», concluyó el sindicato.
