El propietario de la finca El Retiro, Rafael Alonso, denegó ayer la entrada al recinto a Rafael Blanco, un experto investigador en jardines botánicos, y a un grupo de especialistas, miembros en su mayoría de la asociación de Amigos del Jardín Botánico de la Concepción, que acompañaron a Blanco en su intento fallido de visitar el jardín El Retiro.
Blanco llevaba un requerimiento de la Junta de Andalucía dirigido al propietario de la finca en el que le recordaba la obligación legal que tiene de permitir el acceso a la la finca en una fecha comprendida entre el 15 de junio y el 15 de julio.
Los investigadores comunicaron su presencia a través del portero automático que tiene la finca en su entrada y un empleado les indicó la imposibilidad de pasar al no encontrarse el propietario.
Los investigadores reclamaron entonces la presencia de una patrulla de la Policía Local que se personó minutos después en la entrada de la finca. Con el requerimiento de la Junta de Andalucía en la mano, los agentes penetraron en la finca pero tras dialogar con el propietario comunicaron a los visitantes la negativa rotunda del dueño de la finca a que ésta fuese visitada por nadie.
Entre los visitantes que acompañaban a Rafael Blanco estaban María del Mar Trigo, profesora del departamento de Botánica de la Universidad de Málaga (UMA); Juan Antonio Valero, presidente de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de la Concepción; Estrella Arcos, profesora de la UMA y miembro de la Academia de Bellas Artes; Ernesto Fernández Sanmartín, miembro de la Academia Malagueña de Ciencias; Inmaculada Viñolo Navajas, presidenta de de la asociación de vecinos Arcusves, de Churriana, y Miguel Ángel Peláez, expresidente de la asociación amigos de La Concepción y abogado. Todos ellos, por boca de Rafael Blanco, expresaron su intención de seguir adelante con los procedimientos legales necesarios para lograr finalmente acceder al Retiro.
El asunto de las obras realizadas ilegalmente por el propietario de la finca en el recinto llegará el próximo miércoles a la comisión de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento. De un lado, una moción del grupo de IU reclama que se tomen medidas contra estas actuaciones y se abran los expedientes sancionadores que correspondan. De otro, a través de una comparecencia pedida por el PSOE para que el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, explique la intervención municipal al conocer las obras ilegales realizadas.
