­Casi 240 profesores de las ramas técnicas de la Formación Profesional (FP) quedaron fuera de las bolsas que les permitían trabajar como interinos en los distintos centros públicos andaluces en julio. La Junta les pidió en abril de 2015 que acreditaran la posesión del Máster en Secundaria equivalente al extinto Curso de Adaptación Pedagógica (CAP), algo que no les habían exigido hasta entonces. Finalmente, los institutos han prescindido de 137 de ellos en toda la comunidad y en algunos claustros. A principios de mes, sólo había presente el 50% de la plantilla, según explican algunos de los afectados.

Ayer, un grupo de ellos se reunieron con personal de la Junta y, según algunas fuentes consultadas, la situación se queda como está, es decir, ni los van a reintegrar en sus plazas ni van a poder seguir en el puesto que tenían hasta ahora en las bolsas, aunque no hay confirmación oficial.

Lola Escabias, responsable de Docentes no Universitarios de CCOO Málaga, afirma que en una reciente mesa sectorial se advirtió a la Junta de que no iban a poder cubrir toda la demanda de los institutos de FP, «pero no nos hicieron caso». «Nos propusieron llamar a trabajar a algunos que no tuvieran ese máster, pero con eso no solucionaba el problema. Ahora queremos ver qué hacer en una reunión en Antequera».

Escabias insiste en que hay 137 afectados en la comunidad. «No cumplen con el requisito y tienen grandes dificultades para hacer el máster».

Éstos han quedado fuera de las bolsas, en las universidades públicas a muchos los están rechazando por no tener el B1 en una lengua extranjera o siguen sin contestación, dice una afectada, así que han de dirigirse a los centros privados cuyos programas formativos cuestan 5.000 o 6.000 euros.

La dirigente sindical recuerda que Educación se comprometió a gestionar con la Consejería de Innovación un máster adaptado y semipresencial, pero no se ha hecho. Escabias aclara que esos 137 afectados deben reingresar en las bolsas y ha de ofrecérseles másteres públicos. Nadie entiende por qué no se les ha permitido hacerlo por medio de una moratoria que les permita seguir trabajando. Otro problema es que ahora los pongan a la cola y, por delante de ellos y pese a tener años de experiencia, hay gente con poco tiempo de clases a los que están llamando porque tienen el máster. Algunos afectados ya han ido a los tribunales.