La Junta de Andalucía desplegó ayer todo su arsenal de extintores para apagar el fuego registrado el jueves en las escuelas de hostelería de La Cónsula y La Fonda y aseguró que, aunque la Administración sea «lenta», como reconoció la propia consejera de Educación, Adelaida de la Calle, el martes publicará la resolución que confirma, tras numerosos atrasos, eso sí, tantos que ya parecían una burla, la entrada de estas dos escuelas de la provincia en el SAE. De ser así, se garantiza desde el mismo martes el pago de la deuda a los proveedores y de las nóminas pendientes a los trabajadores.
El colmo del despropósito llegó el jueves, cuando el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, anunció que estos dos centros de formación, y el CIO de Mijas, que ayer tampoco obtuvo ningún avance, se quedaban fuera del grupo de consorcios que iban a ser incorporados al Servicio Andaluz de Empleo «con carácter inmediato», porque habían aprobado ya su liquidación y la cesión global de sus activos y pasivo a la Agencia. Ninguna de las tres escuelas malagueñas cumplían los requisitos, menos aún La Cónsula y La Fonda, que ni siquiera se habían extinguido y, al contrario, habían seguido malviviendo con la esperanza de encontrar una solución más rápida a su situación. Tras tres años de sufrimiento, deudas e impagos, veían cómo se quedaban fuera de la partida.
Por este motivo, en medio de la frustración y la rabia, las delegadas de Personal de los consorcios de Churriana y de Benalmádena, María Luisa Vargas y Carmen Sánchez, respectivamente, se reunieron ayer con el director general de Formación, Manuel Jesús García, para pedir explicaciones sobre esta exclusión. Y en esta cita encontraron luz al final del túnel. Una luz que, de momento, les contenta y tranquiliza, según admitió Vargas. «Si el martes se confirma nuestra integración al SAE, los trabajadores de La Cónsula y La Fonda tendremos asegurados nuestros salarios desde entonces, empezando a cobrar previsiblemente a partir del 17 de noviembre», señaló Vargas.
En cuanto a las nóminas atrasadas, aunque la Junta señaló que están asegurados «al cien por cien», se está a la espera de realizar una auditoría de los activos y pasivo de ambos centros para, de esta forma, ocuparse de su parte del presupuesto de liquidación. En concreto, al Gobierno andaluz le corresponde abonar un 80% en el caso del consorcio de la capital (el Ayuntamiento de Málaga ya abonó su 20%, unos 110.450 euros) y un 70% en el de Benalmádena.
«Creo que tanto el director general de Formación como el consejero, los dos malagueños, son los primeros que quieren que esto se solucione. Sin embargo, habrá que esperar al martes y ver si cumplen lo prometido», concluyó Vargas, que mostró su satisfacción por el anuncio de la Junta.
Entre tanto, el lunes se convocarán los consejos rectores de ambas escuelas, que están a la espera de que el SAE explique los motivos por los que han sido excluidos de la primera resolución. «Es una arbitrariedad mayúscula», dijo ayer el abogado José Carlos Aguilera, responsable del proceso de liquidación de ambos consorcios. «No nos falta ningún papel, se trataría de ratificar acuerdos ya adoptados subrayando la voluntad del consorcio de que, tras su liquidación, cederá los activos y pasivos al SAE», señaló el letrado, que considera que se ha debido producir un problema de interpretación y de «comprensión lectora».
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, también actuó ayer de bombero asegurando que la integración de ambos consorcios al SAE se resolverá «de manera inmediata». «Se están cumplimentando los expedientes administrativos para ir resolviendo su integración», manifestó, aclarando que aunque en principio se firmara la entrada de siete consorcios, «se continúa tramitando la documentación del resto», lanzando así un mensaje de tranquilidad. El problema es el tiempo, que ya es demasiado. Ayer, hasta la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, admitió que la Administración «es muy lenta y muy compleja, desgraciadamente».
«Tenemos un extremado número de controles, que están muy bien, pero que lo que hacen es retrasar los procedimientos», señaló.
Pese a todo, ya avisaba también, intentando extinguir las llamas provocadas el día anterior por su homólogo de Empleo, que el camino estaba «abierto y la solución está buscada» por parte de Sánchez Maldonado: «Está volcado en solucionar el problema y ya está muy bien encauzado, será cuestión de poco tiempo que tengamos la solución en las manos», aseguró.
Críticas de la oposición
Por su parte, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, reprobó la actitud de la Junta de Andalucía con las escuelas de formación malagueña y aseveró que la palabra de la presidenta, Susana Díaz, «no vale nada» después de que la Administración regional dejara fuera del SAE a La Cónsula, La Fonda y el CIO de Mijas. «Es una absoluta y flagrante injusticia», dijo Moreno en declaraciones a los medios de comunicación en las instalaciones del CIO, donde criticó que «Díaz no paga absolutamente a nadie, le debe dinero a todo el mundo, no sabe gestionar los intereses de los andaluces y su palabra no vale absolutamente nada».
