El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aseguró ayer que la reforma fiscal del Gobierno dejará en Málaga alrededor de 200 millones de euros en mayor liquidez entre los contribuyentes a través de la rebaja de retenciones en el IRPF algo que, a su juicio, ya está contribuyendo también a asentar la reactivación económica y la actividad empresarial. En concreto, Ferre detalló que entre enero y octubre de este año se registran en la provincia 5.600 nuevas pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos que presentan declaraciones de ingresos de IVA en relación al mismo periodo del año anterior, para un total de 138.000 negocios. El volumen declarado presenta, además, una subida interanual del 25%, con una recaudación añadida de 122 millones para un total de 600, según los datos facilitados por Hacienda.
«La reforma fiscal busca devolver liquidez a los contribuyentes y que haya más actividad. Ese dinero se mueve y está generando negocio. Al devolver poder adquisitos a las familias, éstas compran bienes y servicios y la recaudación sube de forma natural, en un círculo virtuoso. Son datos esperanzadores e indican que la recuperación económica se está asentando», apuntó Ferre, que impartió una conferencia en el XXXI Congreso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), inaugurado ayer en Málaga. El secretario de Estado destacó también el «dinamismo» de la economía malagueña, ya que la subida del 25% en recaudación está muy por encima del 11 por ciento registrado de media nacional.
Ferre resaltó en este sentido el protagonismo de las pymes y los emprendedores en la reactivación de la economía. «La reducción de las retenciones al 15% para profesionales y autónomos, incorporada en la reforma tributaria, está sirviendo para dotar de mayor liquidez al colectivo», dijo.
La reforma incluye medidas normativas de apoyo al ahorro y mejora de la competitividad empresarial. En el caso del Impuesto sobre Sociedades, las empresas pueden reducir su factura fiscal a través de las nuevas reservas de capitalización y de nivelación las empresas, rebajado su tipo de gravamen al 20,25% gracias a estas dos figuras. «El mensaje es claro: hay premio fiscal para la empresa que apueste por el ahorro», opinó. «Estos incentivos fiscales ya están impulsando la creación de empleo y elevando la recaudación tributaria en Málaga», agregó el secretario de Estado, que calcula que más de 57.000 pymes en la provincia se podrán beneficiar de las mejoras incorporadas en la reforma tributaria. En el conjunto del país, la rebaja del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades ya ha inyectado entre los contribuyentes 5.000 millones de euros hasta octubre.
Respecto al IVA, afirmó que el impuesto «está donde está» y recordó que el compromiso del Gobierno con la Unión Europea es moverse en un nivel de presión fiscal que no supere el 38% del PIB.
Lista de morosos. Ferre repasó otros temas de actualidad nacional como la próxima publicación de la lista de deudores con la Hacienda pública, que desligó de las elecciones generales del 20 de diciembre, asegurando que se hará pública cuando se garanticen los derechos de las empresas y personas afectadas. La lista se podrá publicar a partir del 1 de diciembre, aunque el secretario de Estado no concretó la fecha porque, según dijo, depende del transcurso del procedimiento.
En esta primera lista hay 5.000 contribuyentes, de los cuales 4.000 son personas jurídicas y 1.000 físicas, a las que hay que comunicar que van a aparecer en la misma, para darles el derecho a alegar. «Lo vamos a hacer de forma muy rápida y eficaz, pero tenemos que respetar un mínimo de garantías» y estudiar las alegaciones para «confirmar que no nos hemos equivocado».
Ferre reiteró que las elecciones no interferirán en el proceso. «Es una idea que está circulando y que me sorprende porque no tiene nada que ver», aseguró. Una vez que se analicen las alegaciones, se publicará la lista.
Sobre las quejas de algunos sectores económicos y empresariales sobre una excesiva carga impositiva en Andalucía, afirmó que España es «un Estado de las autonomías» donde las comunidades tienen derecho a aplicar sus impuestos propios y que es el ciudadano el que tiene que «decidir si una mayor carga fiscal compensa lo que está recibiendo» y valorar «si es bueno o es malo» cada sistema.
El secretario de Estado explicó que, dentro de sus competencias, el Gobierno central ha decidido bajar los impuestos porque «esto hace que se recaude más y al final haya más trabajo».
