Málaga y Andalucía saltan al centro de la nueva campaña contra el alquiler ilegal

­Más de la mitad de las operaciones en negro. El fraude en el alquiler en Andalucía, que tiene a Málaga y a la Costa del Sol como principal agitador inmobiliario, supera ampliamente la media nacional y ya es mayoritario en los arrendamientos respecto al que se consensúa conforme a la ley y con todas las garantías. La campaña impulsada por Hacienda para detectar la estafa en el mercado de la vivienda continúa tirando de la manta, y, a través del sindicato Gestha, empieza a acercarse a las magnitudes reales del problema. Y, además, con números nefastos para la región, que condicionada por el auge de los pisos vacacionales y el turismo, se ha convertido en una de las tres zonas del país que más recae en este modelo de economía sumergida.

Los cálculos del colectivo, que agrupa al cuerpo de técnicos del ministerio, sitúa la proporción en un 55,4 por ciento. El número, 14 puntos por encima del promedio español, constata una tendencia que ha sido aventurada en muchas ocasiones por organizaciones sindicales y especialistas: que en Andalucía ya es más común alquilar sin declarar que hacerlo legalmente. Una situación que la Agencia Tributaria está decidida a revertir este año mediante los datos de la Renta, que están sirviendo para sacarle los colores a más de un propietario. Gestha no duda sobre el éxito de la empresa: «Es un fraude muy extendido, fácil de detectar y escasamente sofisticado», indica.

Aunque mucho menor en cuanto a cantidades detraídas que otras defraudaciones habituales, el dinero que mueve el arrendamiento en negro es de los que, sumado, marea, por contraste, al pequeño contribuyente. Los técnicos hablan para la comunidad, que también tiene el dudoso honor de ser la tercera más afectada en este extremo, de un total de 543 millones de euros. Es el resultado de agregar el importe de la renta que se intuye en las 167.859 viviendas que figuran en los cuadernos de Gestha como no declaradas; una cantidad únicamente superada en España por Cataluña y que en relación al alquiler oficial ofrece una cuota que apenas es rebasada por Murcia, Melilla y Canarias.

El método del que se está valiendo Hacienda para sacar a luz el alquiler clandestino no es ningún secreto. La Agencia Tributaria ha comenzado por notificar en el borrador a los propietarios, muchos de ellos descubiertos en sus omisiones gracias a los anuncios que se publican en internet para captar a futuros inquilinos. Junto a la información recabada en la red, los técnicos cuentan con los datos sobre consumo energético que desde 2010 están obligados a suministrarles las compañías energéticas. A eso se suma la mejora de la coordinación entre las administraciones y diversas medidas con efecto disuasorio, como la posible pérdida de las reducciones y, en menor medida, las inspecciones directas, que en 2015, se detuvieron en 5.469.

En lo que respecta al perfil del no declarante, los especialistas mencionan dos tipos de casos muy repetidos y directamente ligados a la caída del ladrillo y de la crisis económica: el jubilado que aprovecha una segunda vivienda para obtener fondos con los que completar su pensión y la familia que decide arrendar su antigua casa para financiar la hipoteca de su actual residencia.

En España se cree que existen más de un millón de alquileres sumergidos, con un volumen de renta escamoteada al erario que en conjunto podría acercarse ya a los 3.900 millones de euros. Pese a la contundencia de las cifras, los técnicos aprecian una corrección de la inercia. Especialmente, a nivel nacional, donde la tasa de fraude ha pasado en ocho años del 54,03 al 41,4 por ciento.

La situación, en cualquier caso, no es, ni mucho menos homogénea, contrastando la presión que sufren las zonas del litoral con la de regiones como Aragón, en las que el alquiler pirata se queda en el 21,2 por ciento. Gestha apunta, en este sentido, a la demanda y al florecimiento de nuevas fórmulas de arrendamiento como las llamadas viviendas turísticas, que en muchos casos todavía funcionan al margen de la legislación.

De acuerdo con los técnicos, la economía sumergida concentra ya en España el 24,6% del PIB, con un volumen de negocio tasado en 253.000 millones. El sindicato cree que un plan eficaz contra el fraude permitiría bajar este tipo de prácticas un 10% y recuperar 38.500 millones.