­ María Dolores Cisneros, la malagueña condenada a seis meses de cárcel por construir una casa ilegal en 2008 en un diseminado de la barriada de Carlinda, está a punto de ganar una importante batalla en su larga lucha contra su ingreso en prisión y la demolición de su vivienda ilegal que exige el juez. Las gestiones realizadas conjuntamente por su letrado Manuel Garrido, el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento de Málaga han permitido que la Fiscalía también ponga su granito de arena pidiendo la suspensión de la ejecución de la condena durante los próximos doce meses. «Es un respiro, ahora puedo seguir luchando de forma diferente porque hasta ahora la cabeza no me funcionaba bien del todo», aseguró Cisneros ayer por la mañana poco después de que le llamara personalmente el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para darle nuevos ánimos, aunque ella ya conocía la noticia: «Hacía mucho tiempo que no descansaba como esta noche». El regidor ha mostrado públicamente su interés por este asunto desde que fuera denunciado por La Opinión de Málaga el 23 de julioLa Opinión de Málaga.

Según las partes, esta vía se abre gracias fundamentalmente a que la Gerencia de Urbanismo se encuentra en pleno proceso de estudio para la posible legalización de la casa de Cisneros y otro medio centenar de viviendas construidas de forma irregular en la misma zona. El objetivo de este aplazamiento es dar tiempo para que ese proceso culmine y que la sentencia se ejecute o no en función de lo que concluya el Ayuntamiento de Málaga. «Si la vivienda se regularizara, lo normal sería que la propietaria no tuviera que demolerla ni ingresar en prisión», explicó el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, quien también advirtió de las consecuencias de una decisión municipal no favorable: derribo y cárcel. Hasta ahora, esta madre soltera de dos niñas de 7 y 9 años había evitado ir a prisión porque el juez, que en su día le negó sustituir la pena por una multa o trabajos sociales o a suspenderla mientras no derribe la vivienda, no puede ordenar su ingreso mientras el Ministerio de Justicia le concede o no el indulto.