15 de febrero de 2017
15.02.2017
Tribunales

La Administración asumirá el pago del 21 % de IVA de la justicia gratuita

El Colegio de Abogados de Málaga calificó de "aberración" que el beneficiario o el abogado soportara este pago

15.02.2017 | 11:30
Imagen de un juicio en la Ciudad de la Justicia de Málaga.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aclarado hoy que la Administración, es decir el Estado y las comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas, pagará el 21 por ciento del IVA que hay que aplicar a la asistencia jurídica gratuita tras una sentencia del Tribunal Europeo y que en ningún caso este IVA lo soportará ni el abogado ni su cliente, Cristóbal Montoro lo ha asegurado de esta forma en el Congreso en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Soraya Rodríguez. que le ha preguntado si piensa rectificar su propuesta de aplicar el 21 por ciento del IVA al servicio de justicia gratuita.

El titular de Hacienda ha dicho que "los beneficiarios de la justicia gratuita no van a pagar el IVA ni van a pagar por ningún otro concepto", una aclaración que viene después de que el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Javier Lara, denunciara esta posibilidad y calificara de "aberración" que Hacienda pudiera gravar este IVA a los letrados o a los beneficiarios de la justicia gratuita. Esta medida lograría que el fisco recaudara en Málaga al año en torno a 4,8 millones de euros.

"Ésta es la esencia de la justicia gratuita, que quienes se benefician de ella no corren con los gastos que se generan sino que lo hace la Administración competente ya sea el Ministerio de Justicia en el caso de las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en esta materia o las propias comunidades que sí las tienen", ha insistido. Ha recordado que "existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (UE) que es interpretada por la Dirección General de Tributos en el sentido de que es aplicable a España y que hará que serán las administraciones públicas las que subvencionen los servicios de asistencia jurídica y a las que les corresponde pagar el IVA".

Ha mantenido que "por tanto no lo harán ni los beneficiarios, lo que sería un contrasentido, ni tampoco los profesionales de la justicia que se encargan de aplicarla". Montoro ha explicado que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE sientan jurisprudencia y hay que estar sujetos ella pero ha recalcado que el 21 por ciento del IVA "lo va a pagar la Administración, las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, y por tanto eso no menoscaba las retribuciones de los profesionales".

De todas las maneras ha ofrecido al grupo socialista trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia "en la clarificación y en la adecuación cumpliendo la normativa de la directiva de la UE".

Soraya Rodríguez ha recordado que "durante más de treinta años el servicio de justicia gratuita ha convivido con el IVA y con una interpretación muy clara, que es un servicio que prestan de forma obligatoria los abogados y no está sujeta a ningún tipo de retribución y por lo tanto exenta de IVA".

"Esta interpretación clara ha sido cambiada por la Dirección General de Tributos de forma radical y ahora dicen que la justicia gratuita es voluntaria por los profesionales y además onerosa".

La parlamentaria del PSOE ha señalado que "hay una sentencia del Tribunal Europeo que afecta a Bélgica que tiene una base legal claramente diferente al sistema español". "Con una interpretación torticera no se puede cambiar la naturaleza jurídica de nuestro sistema en el cual son los colegios profesionales los que tienen la obligación de garantizar de forma continuada la prestación de este servicio pero lo hacen a través de abogados y procuradores", ha advertido Soraya Rodríguez. Ha abundado en que "su adscripción voluntaria a un turno de oficio no releva de la obligación de todos los colegiados de prestar este servicio".

Además ha indicado que "cuando se presta el servicio de justicia gratuita no se opera en el mercado, no se elige al cliente y no se cobra precio, sino que se opera bajo el régimen de derecho público y el Estado lo que da es una subvención".

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