El reconocimiento por los responsables de la Gerencia de Urbanismo de haber archivado cerca de 10.000 expedientes o denuncias por infracciones urbanísticas en los últimos diez años ha destapado la tarea de control y fiscalización de los grupos de la oposición. Especialmente, de PSOE, Málaga Ahora e IU Málaga para la Gente, que quieren saber si ha habido negligencia o posible delito en la postura de «dejación» del equipo de gobierno de «dejar morir» esos expedientes.
Investigación
Estos grupos exigirán que se llegue hasta el final en la auditoría aprobada por el pleno para verificar y esclarecer los datos precisos de este caso, es decir, cuál ha sido el número de expedientes archivados, cuántos de ellos lo han sido por caducidad de los trámites administrativos y cuántos han prescrito por haber transcurrido el plazo legal sin haber incoado la sanción correspondiente; la fecha de apertura de cada expediente y los trámites que se hayan realizado.
La verificación de todos estos datos permitirá conocer la responsabilidad de la Gerencia, como administración urbanística, y de los empleados públicos.
«Nosotros pensamos que ha habido una negligencia en la actuación de los responsables de Urbanismo», señaló la portavoz del PSOE, María del Carmen Moreno, pero «vamos a exigir que se pongan todos los medios para que haya una investigación exhaustiva para saber con certeza si ha habido negligencia o posible delito».
«Vamos a seguir impulsando el esclarecimiento de estos expedientes», dijo Ysabel Torralbo, la portavoz de Málaga Ahora, «nos tendrán que dar una radiografía exacta de lo que ha ocurrido; todos los expedientes tienen fecha de entrada y debe existir un registro de infracciones donde esté reflejada la casuística de cada expediente». «Una administración no puede permitir que se dejen morir miles de expedientes y como si nada, nosotros no lo vamos a permitir».
El portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, recordó que la comisión de Urbanismo ha aprobado, a instancias de su grupo, una investigación sobre estos expedientes donde conste la fecha correspondiente, el motivo de la infracción, si ha caducado y la fecha de la prescripción, si se llegó a ello. «Esto nos permitirá seguir adelante con la exigencia de responsabilidades», dijo Zorrilla.
