Todos los padres confían a diario lo que más quieren en el mundo, sus bienes más preciados y que más aman, sus hijos, a los colegios donde reciben formación, instrucción y educación en valores. Y nadie espera un desenlace dramático. Pero a veces ocurren. Los conflictos en los colegios o institutos nunca se van a acabar mientras exista la convivencia. Los centros educativos son un reflejo de lo que ocurre fuera. Las aulas y los pasillos no son probetas de laboratorio inmunes a lo que pasa en el exterior. Lo importante, en cualquier caso, es minimizar las consecuencias de estos episodios violentos. Andalucía fue la primera comunidad autónoma que estableció un protocolo de actuación en caso de detectar este tipo de casos. Pero pese a los esfuerzos de la Junta, Málaga continúa a la cabeza del acoso escolar en España.

La última revista que ha editado el Instituto de la Juventud (Injuve), con datos del Sistema de Criminalidad Estadística (SEC) que elabora la Secretaría de Estado de Seguridad indica que en el año 2016 en la provincia de Málaga se registraron 188 infracciones penales contra la convivencia escolar. Es decir, que llegaron a juicio. Es, sin duda, la punta del iceberg. Lo que se ve. Lo que, a su vez, indica, que con seguridad, en el entorno escolar, se producen muchos más incidentes que no trascienden.

Al margen de las actitudes de indisciplina o rebeldía que se producen prácticamente a diario en todos los centros, existen también otros comportamientos que, por desgracia, son más graves y no se resuelven con una llamada al orden, un aviso a los padres, un castigo, o una expulsión temporal. Son acciones que pasan a engresar la categoría de infracción penal. Delitos contra la convivencia escolar.

Como los tiempos cambian, cada vez se detectan también más casos de acoso a través de las redes sociales. Es decir, ciberbullying.

La evolución en la provincia es positiva, en cualquier caso, desde el año 2007, como reflejan los gráficos [273 denuncias entonces]. Pero la comparativa provincial demuestra que Málaga está a la cabeza. En la provincia, en la última década, y según el informe de Injuve, se han producido 1.988 casos. Datos que aportan las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero no conviene alarmar. En una población compuesta por más de 336.770 alumnos (incluidos adultos) 188 no son muchos casos en términos absolutos, aunque nunca es bueno relativizar cuando hay víctimas de por medio. Y cuando esas víctimas siempre y en mayor o menor grado sufren un daño psicológico o emocional. También sus familiares. Y, en ocasiones, se producen también daños físicos y/o materiales.

Los expertos señalan que la violencia entre iguales deja más secuelas en los menores que la sufren, que aquélla que pudiera ejercer sobre ellos un adulto y, si la situación no se trata desde el primer momento que se detecta y de forma adecuada, puede producir traumas en la vida adulta. El acoso y ciberacoso escolar deja secuelas en los niños que lo sufren y constituye un atentado contra su dignidad y una clara vulneración de sus derechos fundamentales.

El acoso o bullying tiene distintas manifestaciones, de las cuales posiblemente la más frecuente sea la violencia psicológica, seguida de la verbal y como último la física. La excusa para el acoso acostumbra a ser la diferencia. Las personas con comportamiento agresivo y con tendencia a atacar a otros frecuentemente tratan de justificase a sí mismos, y en este caso se basan en que el acosado es distinto por razones de orientación sexual, religiosas, raciales, de género o de discapacidad.