La economía sumergida mueve en Málaga el equivalente al 28% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia, según las estimaciones del colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que sigue reclamando al Gobiern0 nuevas medidas a nivel nacional en la lucha contra el fraude fiscal. La provincia se sitúa algo por debajo de la media andaluza, que alcanza el 29,2%, y por encima de la nacional, que está en el 24,6%. Teniendo en cuenta que el PIB de Málaga alcanzó el pasado años los 33.000 millones de euros, el dinero negro que escapa al control de las administraciones se situaría así en el entorno de los 9.200 millones, siempre con cálculos a partir de estas tasa estimadas.
En el ámbito laboral, por ejemplo, los sindicatos vienen denunciando en los últimos años que la lacra de la economía sumergida ha crecido en la crisis, con muchas personas obligadas por sus empresas a trabajar sin contrato (cobrando en negro), o a echar muchas más horas de lo que su jornada laboral estipula. El secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Muñoz, recordó ayer que el fraude ha aumentado mucho por el uso abusivo de los contratos a tiempo parcial por parte de algunos empresarios, que camuflan así lo que en realidad son jornadas completas de sus empleados.
En el campo del fraude laboral, la Inspección de Trabajo impuso el año pasado en Málaga más de 1.750 multas a empresas por un importe conjunto de 9,3 millones de euros y recuperó 33,8 millones en dinero para la Seguridad Social por derivaciones de responsabilidad, recaudación inducida o actas de liquidación. También consiguió aflorar mediante sus visitas a empresas unos 2.880 empleos sumergidos. Los sindicatos, aunque valoran la labor de la Inspección, lamentan la falta de medios de este departamento y afirman que estas cifras son sólo «la punta del iceberg» de este fenómeno.
Por su parte, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, también cree que la economía sumergida ha crecido en España a raíz de la crisis, con lo que los porcentajes sobre el PIB que maneja su asociación, correspondientes a informes de 2014, se mantendrían en todo caso estables o, incluso podrían haber subido. «La sensación que tenemos es que la economía sumergida es algo que no cesa. Los últimos datos estiman que Hacienda, con sus controles, sólo alcanza a detectar el 19% del dinero que se evade, con lo que el otro 81% queda impune», comentó a este periódico. Según sus cálculos, uno de cada tres euros de la economía sumergida en España se debe al fraude laboral (trabajadores en negro, por ejemplo), con el correspondiente perjuicio a las arcas de la Tesorería General de la Seguridad Social, y los otros dos viene del fraude tributario (alquileres sumergidos, ocultamiento de renta, etc), que supone una merma de los ingresos de Hacienda.
Más control
La economía sumergida vuelve a salir a la palestra con el anuncio del Gobierno de que estudia elevar algunos impuestos para aumentar los ingresos. Gestha apoya medidas como la subida del IRPF a las rentas superiores a los 150.000 euros puesta sobre la mesa por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero no comparte otras que pudieran tener carácter general para el conjunto de la ciudadanía. La postura del colectivo es que, antes de aplicar cargas impositivas, es necesario exigir también su pago «a quienes no los abonan o los eluden». Y es que, según dicen, la menor recaudación fiscal que provoca el fraude hace que el gasto social en España sea 48.000 millones inferior a la media ponderada europea, además de debilitar las cuentas públicas respecto al déficit y al endeudamiento.
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, afirmó recientemente que es «importante» afrontar esta cuestión, por un lado duplicando la plantilla de la Agencia Tributaria a medio y largo plazo y, por otro, cambiando los planes de control, y «desplazando la lupa» hacia las empresas y las grandes fortunas para luchar contra el fraude fiscal.
Los técnicos reclaman así «tener las manos libres en la lucha contra la evasión y elusión tributaria» y «desplazar la investigación de los incumplimientos de pequeños contribuyentes, autónomos y pymes hacia las grandes fortunas, donde se sitúan las grandes bolsas de fraude». De esta manera, el volumen de la economía sumergida en España podría reducirse a la mitad y se recaudarían a medio plazo unos 40.000 millones de euros que ahora se evaden.
