«Si esto pasara en El Limonar las perreras duraban dos días, pero como esto es una zona muy humilde, todos hacen caso omiso», lamenta Yolanda Pazos, portavoz de las familias afectadas por las perreras que la Comisaría Provincial de la Policía Nacional tiene en el antiguo cuartel de Capuchinos.

Para los vecinos, esta vecindad supone 365 días de ladridos, una pesadilla sin descanso que se prolonga de forma ininterrumpida desde 2003. «Te vas a trabajar agotada porque no te han dejado descansar, sábados, domingos... todos los días. Y si ladraran solo durante el día... pero se ponen a ladrar de madrugada», cuenta Pepi Márquez, una vecina de la calle Juan del Encina.

También en esta calle vive Yolanda Pazos. De hecho, acaba de reformar su casa en propiedad pero la ha tenido que dejar a causa de los ladridos: «Me he tenido que marchar de alquiler y dejar mi piso nuevo y acabado en mayo porque tengo embarazo de riesgo. Me aconsejaron que tuviera mucha tranquilidad y de madrugada me despertaban los perros con muchísima frecuencia». Yolanda cree que entre los vecinos hay miedo a protestar, «porque en la zona hay muchos alquileres sociales y por desconocimiento creen que los van a desplazar, pero la realidad es que hay 300 familias afectadas».

Desde la primavera, Yolanda Pazos se ha reunido con el anterior subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, y en agosto pasado hizo lo mismo con la actual, María Gámez. A los dos les entregó un dossier y vídeos grabados con los perros ladrando. «María Gámez se mostró muy receptiva, quedó en avisarme con el primer movimiento que llevase a cabo pero no he recibido más respuesta», lamentó.

Los vecinos, que calculan que hay unos 30 perros, reclaman al Gobierno central el traslado de las perreras pero también se han reunido con el director del Área municipal de Medio Ambiente, Luis Medina-Montoya, para exponerle el problema.

«Realmente se supone que hay una previsión de montar las perreras cerca del aeropuerto pero esto es muy a largo plazo», comenta Yolanda Pazos.

Como informó La Opinión en 2017, las quejas vecinales han llegado al Defensor del Pueblo Andaluz, que concluyó que la perrera «lleva años acuciando a todo el vecindario».

El responsable de Área de Medio Ambiente, Luis Medina-Montoya, explicó ayer que el Ayuntamiento «ha enviado apercibimientos para pedir que adopten medidas para resolver la situación, porque eso está en un entorno urbano», pero ha subrayado que la solución está en manos del Gobierno central.

Una portavoz de la Subdelegación del Gobierno informó ayer de que desde que la subdelegada conoció el problema en agosto, «la Subdelegación del Gobierno trabaja para encontrar una solución» y se ha puesto en contacto con la secretaría general de la división económica y técnica del Cuerpo Nacional del Policía.

Los vecinos solo quieren descansar bien después de 15 años.