La aprobación por parte del Gobierno central de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público implicará una subida salarial para los 2,5 millones de empleados de las tres Administraciones (estatal, autonómica y local) y de la Universidad a partir del próximo 1 de enero. En el caso de la provincia de Málaga, el número de beneficiados de esta medida, que se hará efectiva en solo unos días, asciende a 75.927, según los datos aportados este jueves por la Subdelegación del Gobierno.
De ellos, 10.937 son trabajadores de la Administración estatal; 39.568 de la autonómica; 21.697 de la Administración local; y 3.725 de la Universidad. Málaga es la segunda provincia andaluza con más empleados públicos, tras Sevilla (115.769).
La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha señalado que, con esta subida salarial, el Gobierno de España reconoce el "gran esfuerzo" que hicieron los empleados públicos durante la crisis, además de "su dedicación, su profesionalidad y su vocación de servicio público". El Ejecutivo "quiere impulsar el sector público y de las instituciones públicas", ha subrayado Gámez.
El Real Decreto-Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público, aprobado en el pasado Consejo de Ministros del día 21, establece una subida fija del 2,25% para todos los empleados públicos, a la que se podría sumar hasta otro 0,25% de retribución variable, porcentaje que se determinará exactamente por la evolución del PIB. Además, se destina otro 0,25% de fondos adicionales para la mejora de la productividad, cuyo reparto está sujeto a la negociación de las organizaciones sindicales de cada Administración.
La aprobación de estos incrementos, recuerda la Subdelegación, "cumple con el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y retributivas de todos los trabajadores públicos, que en los últimos años han soportado congelaciones e, incluso, reducciones salariales".
Esta medida salarial se une, igualmente, al acuerdo ya adoptado en el Gobierno de promoción de la mayor oferta de empleo público de la última década, con más de 30.000 nuevas plazas, y con la reversión de recortes en materia de incapacidad temporal de los empleados públicos, así como a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la celebración de la Mesa de Retribuciones de las carreras judicial y fiscal, que no se reunía desde hacía 15 años.
