«¿Cómo no voy a estar preocupada? Tengo 73 años, vivo sola con mi hijo, que es esquizoafectivo, mi hijo gana 300 y pico al mes y yo soy pensionista, ¿a dónde voy a ir?», comenta Victoria Garrido.

Esta paleña vino al mundo en un grupo de casas mata asomadas a la avenida de Salvador Allende (números 37 al 43), de la que ahora una nueva propietaria la quiere echar. «Mis padres se vinieron a vivir aquí, así que yo he nacido donde vivo», explica.

Sobre Victoria y otras 14 familias planea la amenaza de un desahucio porque la nueva propietaria, que compró las casas a un banco, considera que los vecinos no tienen justo título de ocupación de las viviendas, además de estimar que estas se encuentran en un estado de conservación deficiente y puede suponer un riesgo para los ocupantes.

Francisco Valentín, otro vecino, no puede evitar sonreír ante el supuesto mal estado de las viviendas. Como explica, sus padres tenían contrato de alquiler desde 1940 y ahora, él y su hermana viven en sendas casas mata. «El propietario, en todos estos años, nunca se preocupó por las viviendas, así que los vecinos han pagado todas las obras de mejora: hicieron los cuartos de baño, se metió el saneamiento...».

En su caso, explica, hace unos dos años que dejó su vivienda del pequeño Pasaje del Rosario hecha un pincel, después de invertir un buen dinero.

En su niñez, recuerda que el administrador acudía a cobrar al mediodía los recibos a domicilio y las obras de mejora se hicieron «con permiso verbal, porque estas casas no tenían ni cuarto de baño ni agua».

Con el paso de los años, los contratos de alquiler fueron pasando de padres a hijos, y la propiedad terminó en manos de un constructor que a su vez intentó construir en esta parcela, «pero pidió un préstamo bancario que no devuelve al Deutsche Bank y el banco absorbe la propiedad y nos demanda», cuenta Francisco Valentín. Eso ocurrió en 2013, cuando el banco trató de ejecutar la hipoteca y desalojar a los vecinos.

«Derecho a permanecer»

En aquella ocasión, el Juzgado de 1ª Instancia de Málaga dictó que los vecinos-que aprovecharon para acreditar su condición de inquilinas- tenían «derecho a permanecer en el inmueble» y no podían ser desalojados. «El banco no recurrió», recuerda Francisco Valentín, que señala que «deja de suministrarnos una cuenta en la que pagar los alquileres y tras ese juicio se desentiende totalmente de nosotros».

A este respecto, destaca que los inquilinos, para evitar problemas, llegaron a depositar en el juzgado el alquiler atrasado de varios meses, «pero nos devuelve estas cantidades porque señala que no hay ningún documento en el que el banco se niegue a facilitarnos una cuenta bancaria».

El caso es que, desde que el banco se desentiende del cobro, los vecinos están en el limbo, sin relación con la propiedad ni posibilidad de pagar el alquiler, y el pasado 7 de enero conocieron que había una nueva propietaria, «porque se presenta un abogado y nos dice que esto se había vendido, que nos daba un plazo y que nos fuéramos y entregáramos la llave».

Francisco Valentín cuenta que el rumor que le ha llegado es que el objetivo es construir viviendas turísticas en la parcela.

«Lo único que queremos es seguir pagando el alquiler, que la propietaria nos dé una cuenta y que continúe la relación como toda la vida», destaca. A su lado pasa Rafaela, una vecina mayor que vive en una de las casas mata desde hace unos 45 años. Se limita a lamentar que, «a la vejez, mudanza».

Mercedes Pírez, presidenta de la Asociación de Vecinos del Palo, lamentó que se trata de «un caso claro de especulación inmobiliaria, porque otras empresas ya los han intentado echar, ya que esta es una zona muy golosa».

La presidenta vecinal abogó porque la nueva propiedad llegue a un acuerdo con los inquilinos y les permita seguir «con la renta que tienen», y si se diera el caso de desahucios, que el Ayuntamiento les busque alojamiento «y no les deje en la calle».