Izquierda Unida explicó ayer que intensificará en los próximos días su campaña de fiscalización y reclamación de la deuda de la Patrica, y, para ello, se elevará a los plenos municipales con representación de la formación y a la Diputación Provincial una moción en la que se solicitará que el Gobierno andaluz «consigne en los próximos cuatro años una dotación económica extraordinaria para la recuperación de lo detraído hasta 2020».
Así lo explicaron en rueda de prensa el parlamentario de IU de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada, y la diputada de IU de Adelante Málaga, Teresa Sánchez, al tiempo que criticaron que la Junta «lleva años incumpliendo su propia ley y regateando dinero a millones de andaluces».
«Es una vergüenza que Juanma Moreno, el presidente de la Junta, le siga adeudando a los municipios de Andalucía 870 millones de euros que se traduciría para los municipios en poder tener recursos para desarrollar no sólo a los servicios públicos de su competencia directa, que son claramente insuficientes, sino también a los servicios públicos que deben prestar las administraciones locales que ven limitada su capacidad de acción, más cuando los ayuntamientos son las administración más cercana y que tiene que dar respuesta inmediata a los vecinos y vecinas», alertaron.
Así, añadieron que el «incumplimiento» de la Patrica, a día de hoy, «no se justifica ni con la crisis económica ni con los planes de ajuste». Primero, continuaron, «porque solo se entendería que nos podemos permitir el lujo de recaudar menos -a través de rebajas fiscales y bonificaciones a impuestos que benefician a una muy escasa parte de la ciudadanía- porque se está, en primer lugar, cumpliendo con las competencias que tanto por Ley como por Estatuto, afectan a todos por igual».
En segundo lugar,expresaron que «hay que tener en cuenta que uno de los caballos de batalla de la oposición en la anterior legislatura, cuando no cabía excusa alguna que justificase el incumplimiento de la Ley, era este asunto».
«El propio presidente, otrora líder de la oposición, calificaba el incumplimiento con la financiación local como saltarse el Estatuto de Autonomía, tachando a su ahora socio de gobierno, como cómplice necesario ante la sangría a los ayuntamientos», dijeron.
En este punto, recordaron que a inicios de esta legislatura, con el nuevo gobierno constituido y según sus afirmaciones, construyendo los presupuestos de 2019 y 2020 se aprobó una PNL con los votos a favor de PP y Ciudadanos, instando al Consejo de Gobierno a cumplir con la ley, «es decir con los 600 millones a partir de 2019, y además, a incorporar créditos extraordinarios para, en cuatro años, recuperar la deuda acumulada por sus años de incumplimiento».
