Los nuevos planes fiscales del Gobierno central, las reformas parciales de diferentes tipos impositivos que se han puesto encima de la mesa en algunos ayuntamientos como el de Málaga, la reducción fiscal de la Junta y la afección en recaudación de todos estos factores fueron los asuntos que se abordaron en la Tertulia del Cantarrana, evento que organiza mensualmente La Opinión de Málaga en el restaurante homónimo en la capital. En esta ocasión, para analizar todos estos factores la tertulia contó con Natalia Sánchez, vicepresidente ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Sergio Cuberos, el secretario provincial de CCOO, Fernando Muñoz Cubillo, el teniente de alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, el diputado provincial responsable de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, Manuel López Mestanza, y el presidente de Mahos, Javier Frutos. Así, quedó una cosa clara: la capital deja de percibir en torno a 20 millones de euros cada año por no subir al máximo los márgenes del IBI diferenciado, explicó Conde, quien, no obstante, confirmó que se está estudiando realizar un incremento, consensuado con los empresarios, de este tipo impositivo, que afectará fundamentalmente a grandes naves, hoteles y superficies comerciales, aunque será una subida moderada.
«Málaga parte de una coyuntura en fiscalidad de empresas muy distinta a la de otros territorios. En materia de IBI diferenciado, la verdad es que hemos tenido una protección exquisita de la actividad empresarial, hablo especialmente de comercio, ocio, hostelería; los hemos protegido porque entendíamos que teníamos que construir un plan estratégico de la ciudad, teníamos que ir de la mano todos, y que fuéramos un territorio atractivo, ya lo somos», dice Conde, quien añade que ahora ha llegado la hora de tocar ese impuesto, y eso se está haciendo de forma dialogada con los empresarios, unas conversaciones «muy positivas». «Percibimos esa voluntad de todos a contribuir a que sigamos avanzando y sigamos teniendo la capacidad ya como Ayuntamiento de poder cuadrar cuentas, cada vez tenemos más servicios y hay que mantenerlos y mejorarlos y el coste de la vida sube; es cierto que en Málaga podríamos estar hablando, en materia de IBI diferenciado, de cerca de 20 millones de euros de diferencial con respecto a otras ciudades que dejamos de ingresar por el hecho de llegar a los máximos, que nunca lo haríamos, en cuestiones de IBI diferencial».
«Ello supone esa especial protección frente a un apretón fiscal sin precedentes, evidentemente hay un recorrido, es el que estamos dialogando, para que en determinados usos podamos seguir avanzando, no se trata de triplicarle el IBI ni a las grandes ni a las medianas superficies ni a los grandes y medianos negocios, ni mucho menos; estamos tratando de plantear cuestiones que deben de ir evolucionando conforme la actividad ha ido mejorando y de alguna manera nos podría ir equiparando a otros territorios similares al nuestro», declaró Conde.
Fernando Muñoz Cubillo, secretario provincial de CCOO, se mostró a favor de la tasa turística, porque hay hoteles de Málaga, «con nombres y apellidos», que «no fiscalizan en Andalucía, fiscalizan fuera de los ámbitos andaluz y malagueño». «Luego los impuestos que pagan, en el caso de que paguen, los pagan fuera de Andalucía, en otros territorios de España o Europa. Con lo cual, el compromiso fiscal de esas cadenas hoteleras con Málaga es mínimo. Hace falta una tasa turística que revierta en la economía malagueña propiamente dicha», añadió.
En cuanto al panorama fiscal general, explica: «Haría falta primero armonizar la fiscalidad con Europa, porque tenemos la tasa Google, la tasa Tobin, hay países en Europa en los que ya está aplicándose, una tasa a los capitales; hay que armonizar esa fiscalidad con Europa. Y hay que armonizar esa fiscalidad en el territorio nacional. En España tenemos que tener un mínimo de fiscalidad, no podemos competir comunidades autónomas con comunidades autónomas en impuestos concretos, igual que los ayuntamientos; creo que hace falta una armonización. CCOO ha presentado un documento sobre fiscalidad en España y se lo hemos ofrecido al Gobierno, entendemos que la propuesta que el Gobierno hace de fiscalidad no respalda suficientemente el presupuesto de gasto. Ha pasado en la Junta de Andalucía, que se han dejado de ingresar 2.200 millones de euros el año pasado. Eso tiene otro análisis. Pero a nivel nacional es fundamental tener una armonización fiscal en todo el territorio y entendemos que lo que hay que perseguir es la elusión fiscal».
Critica que haya grandes empresas que han pagado menos que ciudadanos individuales y propone un impuesto a las corporaciones más importantes del 15% antes de deducciones sobre beneficios. Reclama además que Málaga debería firmar un convenio con el Ministerio de Trabajo para incrementar la Inspección y que se persiga el fraude (sitúa la economía sumergida en el 16,6% del PIB).
Sergio Cuberos, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, se felicita por que las administraciones reconozcan que la presión fiscal es alta. «Realmente hay que hacer pedagogía o que aprendan nuestros administradores políticos a gestionar mejor esos fondos. Esto es muy fácil, cuando no te cuesta nada, sólo tienes que meter la mano en el bolsillo contrario, es fácil gestionar». «Sí que realmente tienen que contribuir empresas, sobre todo, es muy fácil gestionar regular o mal, y eso es lo que creo que está ocurriendo, tenemos una fiscalidad muy alta, hay que entender que puede tener un problema municipal en un Ayuntamiento en cómo esos impuestos están viniendo, puede haber un problema de cómo a la autonomía están llegando también unos impuestos, pero también hay impuestos nacionales, lo que habrá es que racionalizar y no subir más, sino ver realmente dónde son más efectivos, quién está haciendo mejor uso de esos impuestos, quién realmente está llegando al ciudadano con mejor eficiencia». Para Cuberos es crucial que la gente sepa que el coste de la Seguridad Social «es un impuesto que grava hacer una actividad», que también se pagan licencias de apertura muy altas y el IAE. «Hay mucha gente que ve que es imposible poner un negocio porque los impuestos que tienen lo hacen casi inviable». Pide gestionar mejor todos los recursos y armonizar la carga fiscal global, si se aumenta «las empresas automáticamente tendrán menor beneficio, que es lo que está ocurriendo».
Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la CEM, recuerda que «la empresa no sólo tributa a los efectos locales, por lo que hablar de una tasa turística no podemos tratarlo de manera individual y separada de lo que son el resto de tributos. Está claro que hay una tributación nacional, una autonómica y una local y a día de hoy podemos decir que se si se pretende un incremento en la recaudación no se va a conseguir vía incremento de los porcentajes de tributación. Está probado que, si por carga impositiva tenemos en cuenta impuestos y cotizaciones sociales, que son un verdadero impuesto sobre la contratación, estamos por encima de la carga tributaria europea. Si seguimos con la tendencia de incrementar los porcentajes de tributación eso va a seguir incidiendo en la generación de la economía sumergida, que normalmente existe por dos motivos: porque hay una tributación alta y una proliferación descontrolada y descoordinada de leyes, fiscales y de otra índole». En España, la economía sumergida es del 22% frente al 13% en Europa. «Y hay cálculos de que si pudiéramos reducir en cinco puntos esa economía sumergida nada más que el incremento de recaudación del IVA sería de 4.000 millones de euros. Es una cuestión más de gestionar y ordenar la fiscalidad en nuestro país», es decir, ver en qué se emplea el gasto y que «se haga una adecuada utilización de esos recursos que se reciben vía recaudación». En España, el porcentaje de recaudación que viene de las empresas es del 30,4%, mientras que la media de la Eurozona llega al 26,2%.
Manuel López Mestanza, diputado provincial de Economía y Hacienda, entiende que «el sistema tributario español bien gestionado es más que suficiente para captar los recursos necesarios. El empresario lo único que quiere es estabilidad, que no se le moleste y no se le dé muchos problemas». La estabilidad ha de ser, sobre todo, política. «Las noticias que nos llegan desde el Gobierno central apuntan a un aumento de la presión fiscal, esto puede acabar en desincentivar la inversión y el consumo, cuidado con hacia dónde vamos con el aumento de la presión fiscal, al final también entran en juego temas del Salario Mínimo Interprofesional, la subida de impuestos que nos llegan casi a diario, algunos temas como el del IBI diferenciado que se está planteando en muchas ciudades, la tasa turística, hay que hacerlo todo desde un consenso extraordinario porque nos podemos cargar el invento».
Javier Frutos, presidente de Mahos, cree que, a veces, «se ve al empresario como alguien que gana mucho dinero y no tributa lo suficiente, se ve demonizada esa figura en líneas generales con el tema de la tributación; el tributar más no quiere decir que se recaude más, yo hablo de la hostelería y del empleado, me pongo en las dos partes, hay un problema en la parte de la Seguridad Social. De esos impuestos que se pagan, que es el coste de un empleado a la empresa, hablamos en hostelería, 2.200 o 2.300 euros, a un personal sin cualificación, a la persona auxiliar de camarero o cocina, y a la persona que recibe, dependiendo de las retenciones, le pueden llegar 1.100 o 1.200 euros; es decir, que creo que esa diferencia entre lo se percibe a lo que se paga por las empresas está muy lejos de la psicología del empleado, es decir, lo que este pueda creer que se paga realmente por él. Ahí el Estado nos tiene que echar una mano a empleadores y empleados en cuanto a la forma de acceso. Debe haber muchas más subvenciones para las personas que estén en desempleo, mucha más facilidad a nivel de tributación».
Sergio Cuberos insiste en que «no sabemos si estamos en el tope o nos hemos pasado ya un poco, pero cuidado», en referencia a la presión fiscal y reclama que en todas las comunidades se pague lo mismo: «Una cosa tenemos claro las Cámaras, lo que el Estado dedique a Cataluña eso no viene para Andalucía». A Carlos Conde le preocupa que los españoles tengan que contribuir a la estabilidad del Gobierno central «vía bolsillo» y Sánchez dice que, «si conseguimos un sistema tributario competitivo y neutral seguramente va a haber mayor crecimiento económico y mayores posibilidades de inversión. En el índice de competitividad fiscal nuestro país está en una posición 23 con respecto a los 36 países de la OCDE».
