06 de mayo de 2020
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Actualizado: 6-5-20 11:13h
Gestión de la crisis

El Ayuntamiento de Málaga critica la gestión del Gobierno central sobre el coronavirus

La portavoz del PP asegura que «la eficacia de quien tiene el poder es muy mejorable»

06.05.2020 | 05:00
Begoña Medina, en un momento de la comisión informativa sobre el coronavirus

Pérez de Siles propone usar el Consejo Social como foro para un posible pacto, pero recuerda que ya hay medidas así en marcha, aunque la oposición exige un gran acuerdo.

El tono de guante blanco que hasta ahora mantenían el equipo de gobierno y los grupos de la oposición saltó ayer por los aires en la primera comisión informativa sobre el coronavirus. Se analizaron muchos asuntos, pero el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, y la portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, se enzarzaron después de que el líder de la oposición recordara que, pese a que el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno central usar el remanente de 2019, algo más de 48 millones de euros, en temas sociales y de reactivación económica, el alcalde, Francisco de la Torre, en su etapa de senador fue ponente de una única ley: precisamente, siempre según Pérez, «la que impedía usar remanentes». «Nadie lidera el Ayuntamiento», agregó. Su homóloga en el PP aseguró que el equipo de gobierno ha tenido siempre «una respuesta leal, a pesar de que muchas veces la eficacia del que tiene el poder y la capacidad de decisión es limitada, muy mejorable».

Pérez de Siles se quejó del tono del líder socialista y dijo que el Ayuntamiento está llegando más allá del lugar al que sus competencias le permiten y, en cuanto al remanente, precisó que no pueden llegar a más «porque el Gobierno de España no nos lo permite» al no permitir el uso del remanente para esas políticas sociales y de reactivación económica, ya que la ley marca que se destinen a amortizar deuda y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha respondido a la carta del alcalde en este sentido. Sobre los planes de desescalada, también destacó Pérez de Siles que, por ejemplo, ante el anuncio de salida a la calle de los menores «no sabíamos hasta una hora antes si podíamos abrir playas o parques», algo que achacó a los «cambios de criterio del Gobierno central».

Por cierto, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, insistió ayer en la necesidad de llegar a un gran acuerdo social y de reactivación económica por parte de todos los agentes sociales de la ciudad. Pérez de Siles indicó que el equipo de gobierno ya está, precisamente, actuando de forma ágil con planes sociales, uno de tres millones de euros, y numerosas medidas económicas, enfrió las expectativas sobre ese pacto y lo circunscribió, de cualquier forma, al Consejo Social de la ciudad, donde están empresarios, sindicatos y otros agentes representados. La portavoz del PP no se comprometió a nada, pero sí fijó un lugar para hablar, a lo que Zorrilla opuso que es necesario hablar en una mesa específica implicando a todo el mundo. También se sumó el PSOE a la petición de que se haga un pacto por la reconstrucción de la ciudad cuanto antes.

También fue sonado el rifirrafe entre el edil de Economía y Hacienda, Carlos Conde, y el concejal de Adelante Nicolás Sguiglia. El primero recordó que se han tomado 15 medidas económicas que han supuesto la eliminación del pago de cuotas por valor de 833.000 euros a empresas, autónomos y familias, y se ha aplazado el abono de hasta 58 millones de euros en impuestos (a 173.000 beneficiados). Conde también atacó al Gobierno, «el Estado está llegando tarde y mal» y sólo ha recibido el Ayuntamiento una ayuda de 1,9 millones de euros de la Junta. «Está anunciando el Gobierno central muchas medidas pero no están llegando».

El tercer gran pilar de la comisión informativa, en la que no estuvieron ni el alcalde ni la alcaldesa accidental, Susana Carillo, fue el social, de forma que Francisco Pomares, edil del área, aseguró que hay 20.000 familias que han llamado a los Servicios Sociales para recibir algún tipo de ayuda y que se ha llegado, en el mes y medio de alerta sanitaria, a las 15.500 familias, cuando lo normal es que en año y medio se atienda a 4.500. Estas 15.500 ayudas son alimentarias, de forma que se han repartido 544 toneladas de alimentos, se han dado 4.468 tarjetas alimentarias y 3.183 familias han recibido las prestaciones urgentes. De los tres millones de euros del plan social, ya se han gastado dos. Y se trabaja en un segundo plan de ayuda de emergencia. También se ha atendido a los sintecho, a los dependientes y a los maltratados.

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