La desescalada ha culminado la fase 3 en la provincia de Málaga sin que se haya incrementado el número de víctimas mortales respecto a las 287 registradas hasta el pasado 31 de mayo, pero además en las últimas tres semanas la presión hospitalaria se ha mantenido bajo mínimos. Apenas restan menos de una decena de pacientes ingresados con el coronavirus y en UCI es una única persona la que continúa pendiente de evolución.
Para autoridades sanitarias y los portavoces del colectivo médico, la respuesta ante la enfermedad del Covid-19, después de que la provincia fuese a mediados de marzo la primera de toda Andalucía en registrar fallecimientos, ha sido ejemplar en todos los sentidos. En primer lugar, por parte de la ciudadanía. Así recuerdan estos interlocutores que municipios como Benalmádena, Fuengirola o Torremolinos fueron destacados por el Gobierno central en sus informes, al ser de los que registraron menos desplazamientos de personas en el cómputo nacional de ciudades de más de 55.000 habitantes.
Además, la mitad de los distritos sanitarios malagueños han destacado según varios indicadores por ser de los menos afectados por el coronavirus de toda la comunidad autónoma. La Axarquía y la Costa del Sol figuraron entre los territorios con menor incidencia del Covid-19 por cada 100.000 habitantes y la Serranía de Ronda ha sido de los territorios con mayor número de municipios sin ningún contagio registrado.
Pero todos estos aspectos fueron insuficientes para que Málaga, tal y como también le ocurrió a Granada, pudiesen iniciar la desescalada a la par que el resto de provincias andaluzas. Para los sindicatos médicos, la presión hospitalaria se había reducido, pero el Ministerio de Sanidad en el caso de la provincia malagueña evidenció uno de los aspectos que durante décadas se ha denunciado: «La falta de camas por habitante que padecen determinadas zonas de la provincia».
Ese déficit estructural empaña la buena gestión de la crisis que, según colectivos como el Sindicato Médico de Málaga, ha desarrollado la Junta al abrir en el mínimo tiempo requerido 500 nuevas camas, a añadir a las 2.700 públicas y 2.200 privadas que ya existían. «Las 400 camas instaladas en Carranque y que seguirán, ante la posibilidad de nuevos rebrotes, hasta el próximo año constituyen uno de los mejores ejemplos de una buena labor frente a la pandemia», relata el presidente de este sindicato, Antonio Martín.
Pero aunque dicha infraestructura supone una garantía para los próximos meses, este portavoz difiere de lo expresado por la Consejería de Salud y Familias en relación a los nuevos contratos para el próximo verano. «No basta con cubrir los turnos de vacaciones, existen situaciones que no podemos tolerar, como que haya aprobados desdoblamiento de consultas de atención primaria para atender la demanda que arrastramos de anteriores gobiernos autonómicos y no haya espacio físico en las instalaciones o se recurrir a dividir en dos el espacio de una consulta», lamenta este facultativo.
También demandan la sustitución de material en las unidades de cuidados intensivos: «No se ha reemplazado ni un solo respirador en el Clínico y hay uno, el más antiguo de todos, que tiene más de veinte años».
Nuevos contratos públicos
El delegado territorial de la Consejería de Salud y Familias en Málaga, Carlos Bautista (PP), subraya que al margen de los 3.881 contratos para el periodo vacacional que se van a cursar, también se ofertarán 315 contratos para médicos residentes que acaban de finalizar su formación. Pero, como médico de atención primaria que ha desarrollado su labor en la provincia durante los últimos años, incide en el déficit de infraestructuras que padece Málaga y que ha evidenciado esta enfermedad.
Aún así expresa que se ha realizado un esfuerzo muy importante desde la administración sanitaria en los últimos meses, con la contratación de 1.772 profesionales en la provincia: «Así hemos logrado que el noventa y nueve por ciento de las residencias andaluzas estén libres de virus y sólo reste un paciente en UCI en los hospitales de la provincia».
Bautista finaliza con que ahora sin embargo «nos enfrentamos al mayor test de higiene pública de todos, en el que la ciudadanía deberá ser responsable, usar las mascarillas, evitar aglomeraciones o mantener las distancias, con la intención de afrontar el otoño en la mejor situación posible tanto poblacional como sanitaria». El mismo llamamiento que hacen precisamente los sanitarios, quienes están en «primera línea de batalla».
