Exigen una vuelta segura al colegio para el personal de servicios externalizados
CCOO pide medidas extraordinarias para reforzar la lucha contra la propagación de la COVID-19 en los centros escolares públicos
El Sindicato CCOO convocó ayer una concentración ante la Delegación Provincial de Educación para exigir una vuelta segura a los colegios públicos de Málaga para el personal de los servicios externalizados. En la concentración participaron más de un centenar de personas, quienes han defendido unas medidas extraordinarias para evitar contagios a este colectivo de profesionales, que está compuesto por personal de cocina, monitores escolares, auxiliares de limpieza, intérpretes de lengua de signos y técnicos de integración. En la provincia suman más de 6.200 personas.
Desde el curso pasado, esta organización sindical viene exigiendo medidas extraordinarias para reforzar la lucha contra la propagación de la COVID-19 en los centros escolares públicos, tanto de Málaga como del resto de la Comunidad Andaluza. Medidas que, según indicó el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Félix Martín, «no deben circunscribirse únicamente a las aulas, sino a todas las actividades desarrolladas por el personal externalizado, del que depende también la salud del alumnado».
CCOO considera que la labor del personal de servicios externalizados en los centros de enseñanza públicos es fundamental y sobre ellos recae una gran responsabilidad. Se trata de una plantilla de más de 6.200 personas en la provincia de Málaga, que está compuesta por personal de cocina, monitores escolares, auxiliares de limpieza, intérpretes de lengua de signos y técnicos de integración. Félix Martín afirmó que el Gobierno de la Junta de Andalucía no ha aprobado medidas especiales para una vuelta segura a los colegios públicos, y ha alertado de una posible pérdida de empleo en dichos servicios externalizados, como es el caso de los comedores escolares, donde ya se están produciendo bajas del alumnado en la provincia. Al respecto, dijo que «si hay una pérdida de empleo en los servicios externalizados, será responsabilidad directa de dicha administración y de la Consejería».
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