El Ayuntamiento pide al Gobierno que dé seguridad jurídica en seis meses a los empleados públicos temporales

odos los grupos políticos han acordado hoy, por unanimidad y a instancias de Cs, instar al Ministerio de Política Territorial y Función Pública en un plazo no superior a seis meses la creación de una normativa marco que consiga dar seguridad jurídica a las administraciones públicas y los empleados en situación de temporalidad. Asimismo, reclaman todos los ediles al Consistorio que considere las directivas europeas al respecto en sus ofertas públicas de empleo, hasta que no exista el marco legal ya solicitado.

Son 400 empleados públicos los afectados en el Consistorio, ha dicho la edil socialista María del Carmen Martín, quien, no obstante, ha recordado que "en muchos casos llevan toda su vida laboral en esta casa como interinos". El Ministerio de Política Territorial trabaja ya en un borrador al respecto, consistente en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, y el decreto correspondiente estará en junio. Luego, se consensuará con las comunidades, los sindicatos y los ayuntamientos en el seno de la FEMP. De la misma forma se ha expresado la edil de Podemos e IU, Paqui Macías, quien ha asegurado que la reforma de ese estatuto no es "sencilla", mientras que Noelia Losada, edil de Cultura, Deporte y portavoz de Cs, que ha propuesto la moción, ha indicado que es necesario "acabar con el abuso de temporalidad en la Administración Pública, buscando una fórmula de consolidación administrativa mediante la conversión de los puestos en indefinidos o fijos o concursos de méritos restringidos". Hay gente que lleva muchos años "en esta situación".

El edil de Recursos Humanos, Jacobo Florido, por su parte, ha dicho que, más que precariedad, en el caso de estos trabajadores debe hablarse de "inseguridad", al no conocer qué pasará con ellos en el futuro, pero ahora están cobrando su sueldo de una Administración Pública. Ha dicho que debe primar ahí "el acuerdo, este Ayuntamiento así lo hizo y aprobó un plan de consolidación y estabilidad" rubricado con los sindicatos, que estará en ejecución en noviembre o diciembre. Si hay un borrador gubernamental al respecto, ha dicho Florido, el plan municipal se asimilará al mismo. "Si hay borrador", ha condicionado.

También ha intervenido José Luis Gutiérrez, responsable de Sepma, quien ha agradecido a los grupos que ya hicieran una declaración en febrero pasado para rechazar el abuso de temporalidad, y ha recordado la situación en la que se encuentran algunos empleados municipales de Gestrisam, el IMV, Urbanismo o, incluso, en la Diputación Provincial. "Esto afecta a un millón de empleados públicos, que están en situación de temporalidad". "Muchas de estas situaciones se oponen al derecho comunitario", ha declarado.