La banca ha acelerado su proceso de clausura de oficinas en una época en la que, a la habitual dinámica de reducción de estructuras para ahorrar costes que ejercen las entidades financieras desde hace más de una década, se han sumado los diversos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presentados por el sector (en 2020 fue el Santander y en 2021 lo hicieron Caixa, BBVA, Sabadell y Unicaja Banco) que también incluían entre sus premisas la supresión de una parte significativa de su red comercial. En el caso de Málaga, el pasado ejercicio se cerró con 97 nuevos cierres de sucursales, que elevan ya hasta 812 el total de oficinas desaparecidas desde 2008, cuando estalló la crisis económica y financiera mundial con la quiebra de Lehman Brothers.
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En aquella época, la provincia contaba con una red de más de 1.400 oficinas (su máximo histórico), por lo que el descenso acumulado desde entonces es del 57%. Por decirlo de forma más gráfica: los bancos han cerrado ya prácticamente seis de cada diez oficinas que llegaron a tener desplegadas por la provincia y vuelven al nivel de red que manejaban en 1981, es decir, hace 40 años.
Los expertos afirman además que a esta tendencia le queda aún bastante recorrido, ya que los cierres pactados en algunos de los ERE negociados el pasado año se aplicarán a lo largo de este ejercicio. De hecho, Unicaja Banco, que el pasado diciembre pactó un acuerdo con los sindicatos para la salida de 1.513 trabajadores y la clausura de unas 400 oficinas, cerró este 18 de marzo dentro de ese plan, un total de 11 sucursales en la provincia: seis de la Serranía de Ronda (Jubrique, Igualeja, Montecorto, Pujerra, Gaucín y Genalguacil), una en Istán, dos de la zona de Antequera (Bobadilla y Villanueva de Tapia) y dos de la Axarquía (Almáchar y Alfarnate).
Estas clausuras han generado un fuerte malestar en estos municipios, cuyos alcaldes han secundado varias concentraciones de protesta en las semanas previas al cierre de las sucursales. Unicaja Banco prepara además otra fase de ajuste de oficinas correspondiente al ERE que se aplicarán entre abril y junio aunque en todo caso, y según datos facilitados por la propia entidad, sigue siendo la entidad que más presencia tiene en la provincia, con 150 puntos de atención al cliente (126 oficinas y 24 agencias financieras).
Decenas de vecinos se concentran contra el cierre de sucursales de Unicaja en la Serranía de Ronda
Recientemente, firmó además un convenio con la Diputación de Málaga para instalar nueve cajeros distribuidos, inicialmente, en Algatocín, Júzcar, Benalauría, Jimera de Líbar y Serrato, en la Serranía de Ronda, y Arenas, Canillas de Albaida, Cútar y Macharaviaya, en la Axarquía, municipios que cuentan con una población total de más de 5.000 habitantes.
La comisión financiera del Consejo General de Economistas de España recuerda que si la banca ha echado el candado en el país a más de la mitad de sus oficinas para dejarlas en unas 20.600, el pronóstico es que en el plazo de cinco a siete años podrían cerrarse otras 10.000 (es decir, la mitad de las que siguen abiertas). En Málaga, ese vaticinio la dejaría con unas 330 sucursales.
Unicaja Banco firma un convenio con Diputación para instalar cajeros en nueve pequeños municipios de Málaga
El fenómeno genera además inquietud a nivel social por el riesgo de que los clientes de mayor edad y situados en el ámbito rural, menos habituados a realizar sus gestiones por internet, puedan verse expuestos a la «exclusión financiera».
Para visualizar esta preocupación, sólo hay que recordar la iniciativa «Soy mayor, no idiota», encabezada por el jubilado valenciano de 78 años Carlos San Juan y que logró presentar en enero más de 600.000 firmas digitales recabadas a través de change.org ante el Ministerio de Economía y el Banco de España. La propia vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se comprometió ante San Juan a diseñar un plan de «medidas eficaces» para la inclusión financiera.
En realidad, los bancos, a la hora de ir cerrando oficinas, han aplicado estos años criterios de pura rentabilidad. Las clausuras fueron así afectando a las sucursales de menos clientes y que reunían un menor volumen de negocio, situadas en muchos casos en pueblos de pequeño tamaño.
El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) detalla en su último informe de accesibilidad de la población a las oficinas bancarias que en Málaga, a cierre de 2019, había 28 municipios del total de 103 de la provincia que ya no tenían ninguna sucursal (es decir, un 27,3%). Al tratarse de localidades muy pequeñas de comarcas de interior el porcentaje de población en esta coyuntura es bajo. Según el IVIE, son unos 29.300 malagueños los que residen en estos municipios, lo que representa el 1,8% de la población, pero el fenómeno va a más, por lo que existe inquietud a nivel social y en las propias instituciones sobre la accesibilidad de esta población rural a un servicio financiero presencial.
Fórmulas alternativas
Desde el sector bancario, el portavoz de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Alberto Aza, señalaba hace unas fechas, en una entrevista con este periódico, que las oficinas bancarias «cada vez son menos relevantes en esta relación entre el cliente y las entidades».
«Hay poca operativa en las sucursales. Ahora mismo hay en España una capacidad instalada excesiva que se irá adaptando a los nuevos tiempos», apuntaba. Según Aza, la banca está trabajando en canales alternativos, caso de las oficinas móviles.
«En CECA tenemos ya una veintena y recorren cada año el equivalente a 1,7 veces el perímetro de la Tierra por todos estos territorios del interior. Desde ellas se puede realizar cualquier operación disponible en una oficina tradicional, incluida la retirada de efectivo. También se está desplegando una red de agentes financieros itinerantes que cubren ya una red de más de mil municipios españoles», decía.
Otra fórmula que está impulsando la CECA es recurrir a agentes no bancarios (farmacias, bares, tiendas) para que los vecinos puedan retirar dinero en efectivo, algo que ya se hace en Reino Unido o EEUU, por ejemplo, usando por ejemplo los supermercados. En España, los bancos ya se están cerrando acuerdos para hacerlos en oficinas de Correos.
«Creo que hay que entender que el fenómeno de la despoblación afecta a todos los sectores. La banca en ningún caso es responsable», alegaba la CECA.