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Unicaja estudia a petición del BCE cómo dar entrada en su consejo a otro independiente

Si quiere cumplir con la directriz de Europa, el cambio debería decidirse antes de agosto mediante la salida de algún integrante dominical o ejecutivo

La sede social de Unicaja Banco, en Málaga.

La sede social de Unicaja Banco, en Málaga. / ÁLEX ZEA

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

Unicaja Banco afronta este tramo final del mes de julio con la necesidad de acometer el cambio de un integrante de su consejo de administración si quiere cumplir con los requerimientos del Banco Central Europeo (BCE), que el pasado abril reclamó a la entidad financiera malagueña la reposición de un puesto de consejero independiente en su órgano de dirección para recuperar la cuota mínima del 40% que en su día se comprometió a tener y cumplir de esta forma con las directrices de buen gobierno corporativo.

El consejo de Unicaja, compuesto por 15 integrantes, tiene ahora mismo cinco consejeros independientes (un 33% del total) , ocho dominicales (que son aquellos que representan a los accionistas de la entidad) y dos ejecutivos. El banco, que antes contaba con seis independientes, decidió el pasado mes de febrero no proponer para su renovación a uno de ellos con el objetivo de dejar un sillón libre y posibilitar así el acceso al consejo del representante dominical al que tenían derecho los dueños del Grupo Mayoral, que cuenta con un 7,9% de las acciones del banco. Unicaja consiguió su objetivo, aunque a costa de una crisis de gobernanza que propició varias dimisiones en el consejo. Además, el BCE tomó nota y conminó a Unicaja a volver a equilibrar el consejo antes del mes de agosto introduciendo a un nuevo independiente  (pese a que Unicaja se había comprometido a hacerlo en cuanto se produjera una vacante). Cumplir con ese requerimiento del BCE no es obligatorio, pero fuentes del sector explican a este periódico que sí es altamente recomendable, ya que Europa está advirtiendo al sector que, de lo contrario, puede haber exigencias como mayores requisitos de capital.

Las fuentes consultadas por este periódico añaden que el escenario actual para engarzar la entrada de un nuevo independiente en Unicaja «no es sencillo», por lo que los análisis en el seno del consejo para encontrar una solución están siendo «intensos».

La cuestión para Unicaja es que el cumplimiento de esa exigencia del BCE sólo puede llevarse a cabo mediante el cambio de un consejero dominical (hay ahora ocho) o de uno ejecutivo, ya que no se puede ampliar más el consejo (las normas de buen gobierno recomiendan que no excedan de 15 miembros). Todos los consejeros tienen además mandato en pleno vigor, por lo que para que se produjera una salida tendría que ser siempre voluntaria (hay otra opción, más forzada, que requeriría de una junta extraordinaria de accionistas).

Repasando a los ocho dominicales que actualmente integran el consejo, el que cuenta con un menor porcentaje de acciones es el empresario mexicano Ernesto Tinajero (tiene un 3% de títulos) al que, sin embargo, le sustenta el hecho de que su mandato se inició en 2021. Lo mismo ocurre con Felipe Fernández, representante de la Fundación Cajastur, y con David Vaamonde, por el fondo Oceanwood. Estos tres consejeros dominicales proceden de la antigua Liberbank y se integraron en el consejo de Unicaja cuando se materializó la fusión.

El resto de consejeros dominicales son, por un lado, los cuatro de la Fundación Bancaria Unicaja (Juan Fraile, Petra Mateos-Aparicio, Teresa Sáez y Manuel Muela), que han sido reelegidos en la junta de accionistas celebrada el pasado 31 de marzo; y, por otro, Rafael Domínguez de la Maza, nombrado también esa junta en representación del Grupo Mayoral y que está ya únicamente a la espera de recibir el plácet del BCE para incorporarse al consejo como miembro de pleno derecho.

En cuanto a los consejeros ejecutivos, Manuel Azuaga y Manuel Menéndez, sus mandatos también están en pleno vigor. En el caso de Azuaga, su reelección en la junta de accionistas del pasado mes de marzo tiene el matiz de que el cargo de presidente perderá sus funciones ejecutivas antes del 30 de julio de 2023, en consonancia con el compromiso asumido en su momento.

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