Piden a las administraciones que exijan garantías hídricas a las nuevas fincas de regadío

No es una demanda nueva. Sin embargo, la investigación del Seprona que se ha saldado con decenas de detenidos en la comarca de la Axarquía, a raíz del uso irregular de pozos para abastecer de agua a fincas de árboles subtropicales en plena sequía, ha servido para que grupos ecologistas y comunidades de regantes de la provincia de Málaga recuerden que en la actualidad las administraciones no exigen disponer de caudal a la hora de que cualquier particular o empresa invierta en terrenos rurales para plantar árboles aguacates, mangos u otros productos hortofrutícolas.

Los expertos consultados por este periódico recuerdan que, pese al déficit hídrico que históricamente arrastra la Península, la normativa estatal se remonta al año 1986, cuando se estableció el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Y aunque en 2007 se aprobó un decreto para fijar el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas «todavía queda mucho por hacer, porque en aquel año ya había un periodo grave de sequía, al que le ha seguido el de estos tres últimos años».

Un gestor de fincas rústicas en la Alta Axarquía, José Manuel López, apunta a la necesidad de que en este momento «no sólo se apuesten por desalinizadoras para dentro de cinco o seis años, sino que también es importante saber quién despilfarra llenando diez veces una piscina en pleno verano, o qué agricultor deja toda la noche la goma de riego de sus aguacates abierta, sabiendo que en su pueblo, en Periana o Alcaucín, no hay un caudal ilimitado».

Los técnicos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía o uno de los responsables públicos de la gestión del agua en alta en pleno Valle del Guadalhorce coinciden en señalar la elevada burocracia que afecta al suelo urbano o rural en Andalucía. Inciden en que en esta materia también entran en juego espacios protegidos como parques nacionales, el de la Sierra de las Nieves, con eje en Tolox y Yunquera, o parques naturales, «sirviendo de ejemplos los de Los Montes de Málaga o el de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, en la costa oriental».

Alegan al unísono, con variaciones mínimas, que los plazos para poder culminar la apertura de un nuevo pozo con todos los permisos y autorizaciones pertinentes siempre son superiores a los 12 meses. «Todo cambia si se van a aprovechar aguas superficiales o son subterráneas, procedentes de manantiales o de determinados cauces», apuntan al tiempo que recuerdan que la última palabra está en posesión de las confederaciones hidrográficas que administran los recursos hídricos en virtud de la cesión de competencias que mantiene el Estado.

Son los técnicos privados cuyos servicios debe contratar el propietario de una finca quienes solventarán unos primeros trámites burocráticos, imprescindibles para poner en marcha los sondeos y perforaciones en base a la legislación en vigor. Estos expertos determinarán en base a los planes hidrológicos si el enclave o finca está en zona protegida y con limitaciones específicas en el aprovechamiento de los recursos hídricos existentes.

Otro aspecto al que se hace hincapié va relacionado con la denominada Zona de Policía de Cauces. Los pozos deben encontrarse a un mínimo de 100 metros de distancia «de cualquier masa de agua superficial pública». Y siempre será más difícil la legalización del pozo si la permeabilidad en Zona de Policía de Cauces sea más alta de lo habitual. También se recuerda que la administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, condicionará las perforaciones posibles a que exista una distancia mínima entre un pozo y el que alguna finca lindera pueda poseer con la condición de pozo legalizado.

Los costes y plazos para poder ejecutar una perforación en el terreno están condicionados al tipo de maquinaria usada. Oscilan entre los algo más de 200 euros que requieren por metro lineal en el uso de barrenas, a los casi 600 si se recurre a las retroexcavadoras que habitualmente vemos en la apertura de calles o espacios urbanos, a la hora de sustituir las canalizaciones que atraviesan el subsuelo de las ciudades.

Después hay que tener también en cuenta si se van a colocar anillos de hormigón para revestir los pozos, generalmente de un diámetro de unos dos metros, y asimismo es importante calcular los gastos de rellenado con grava de distintas zonas que quedan abiertas al culminar las perforaciones.

Para los sondeos, los precios de mercado también pueden rozar los 50 euros por metro cuadrado. Pero los técnicos consultados recomiendan que se pidan los presupuestos con antelación, como consecuencia de la alta demanda.

Más de 200 euros por metro lineal de pozo excavado

La inflación derivada de la guerra en Ucrania ha alterado bastante los precios de los combustibles o de la electricidad, pero también influye en el aumento de los costes para perforar un pozo la alta demanda que ha venido con la pertinaz sequía. Aunque de unas zonas de Andalucía a otras hay variaciones significativas en los precios, de media el metro lineal de excavación con barrena para perforar el terreno puede costar más de 200 euros. El coste es mucho menor si no se consigue encontrar agua después de haber completado el trabajo.

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